Miguel Massanet Bosch. Puede que el día de ayer en el Parlamente de Catalunya, se evidenciara, una vez más, aquella idea de que “la historia se repite”, al menos en lo que pudieran considerarse sus líneas generales. El ver al señor Mas de CIU tirar la toalla y dar como salida a la grave situación por la que está pasando el pueblo catalán, dando por perdido el desafío independentistas y fiándolo todo a la convocatoria de unas nuevas elecciones, a las que, como premio de consolación, se las consideraría como “plebiscitarias”; como si todas las elecciones municipales o comunitarias no fueran la expresión de la voluntad de las mayorías de ciudadanos y, en consecuencia plebiscitarias. Seguramente, si el teniente coronel señor Francesc Macía y el abogado de ERC señor don Lluis Companys, desde el Más Allá, están contemplando lo que está ocurriendo en su tierra natal, deben recordar aquellas situaciones del 14 de Abril de 1.931 y el  octubre de 1.934 en las que, respectivamente, quisieron convertir a Catalunya en una república independiente, sólo que, a diferencia de los actuales miembros del  Gobern de la Generalitat, la proclamaron dentro de la República española. Ambos fracasaron y pagaron las consecuencias de su imprudencia.

El discurso pesimista de don Artur Mas seguramente habrá sorprendido a todos aquellos que, apenas hace unas fechas, ya daban por hecho que el día 9 de noviembre tendría lugar la consulta amparada en la famosa Ley de Consultas catalana que, si no hay cambios, parece que será aprobada en el Parlament el próximo jueves, día 18 del corriente mes. También habrá causado un cierto repeluzno el que el, señor Oriol Junqueras, haya abandonado su pasividad habitual para apresurarse a pedir entrar en el gobierno catalán, cuando se había negado a hacerlo cada vez que se le había ofrecido desde CIU. De hecho, parece que se está quedando solo en su intento de celebrar, contra viento y marea, la votación prevista; aunque el TC, como es previsible, decida que la Ley de Consultas catalana es inconstitucional.

Nos ha llamado la atención de que el señor Francesc de Carreras, habitualmente tan moderado y tan sensato, se nos haya salido con unas pegas legales debido a que, el ministro de Asuntos exteriores ha hablado de “ suspensión de la autonomía” en lugar de “intervención” que sería lo más apropiado; pero que para cualquier buen entendedor es fácilmente comprensible porque, al fin y al cabo, lo que se pretende es que cese la actitud ilegal que se pretende imponer por parte de las autoridades comunitarias y devolver la autonomía a la situación de legalidad anterior, por medio de las intervenciones precisas para conseguir el indicado fin. El Art. 155 de la Constitución, permite que, cuando sea necesario, se ponga en marcha el trámite en unos pocos días.

El tiempo necesario para llamar al orden al Presidente de la comunidad, como requisito previo, y en caso de que se negara a cumplir con la Ley, o diere largas a rectificar; consiguiendo la mayoría absoluta en el Senado, se podría intervenir la Comunidad; pese a lo que pudiera disponer el Estatut, una ley que, por supuesto nunca se puede anteponer a la Constitución y que, en el caso de Lluis Companys, fue suspendido por el Gobierno. Si la gravedad del caso lo requiriese o el peligro de que se rompa la unidad de España, fuer inminente a causa de posibles comportamientos sediciosos, manifestaciones contra el orden público o actos de evidente carácter revolucionario y violencia en las personas, las instituciones o las cosas, aconsejasen intervenir  se podría apelar al sistema más abreviado previsto en el Art. 8 del mismo cuerpo legal, en el que se da un papel destacado al Ejército, cuya misión comprende también velar por la unidad de la nación española. Nadie se atreve a hablar de ello, pero no se debe descartar si, como es de esperar, algunos extremistas catalanes pretenden apelar a métodos violentos para hacer valer sus presuntos derechos separatistas.

Lo que es evidente es que ERC, como ya sucedió en el caso de Lluis Companys, pretende asumir el protagonismo de la rebelión contra el Estado español cuando no se ha ocultado, por boca de su presidente, el señor Oriol Junquera su decisión de que no van a acatar lo que decida el TC y no van a admitir que la legalidad española les prive de lo que, para ellos, tiene prioridad (según su particular interpretación de los que es democracia y derecho a decidir). Cuando uno persona cualquiera anuncia que va a delinquir es obligación de las fuerzas de orden público y de los fiscales proveer las medidas oportunas para impedir la comisión del delito, algo que en términos forense se expresa como “tentativa” o, en su caso, “inducción a delinquir”, cuando se incita a los demás a cometer un acto antijurídico.

Nos preguntamos si, a la vista de las manifestaciones pública y reiteradas del señor Junqueras ¿no les parece a los señores fiscales de Catalunya o al mismo Fiscal General del Estado, que existen motivos más que sobrados para poder actuar en contra de dicho señor e imputarle un delito de incitación a cometer un delito? Supongo que sí existen pero, seguramente, como parece que ha pasado con el caso de los Pujol, cuando todo el mundo sabía lo que ocurría, especialmente los empleados públicos, y nadie se ha atrevido, hasta ahora, a actuar contra ellos y, aún así, hemos tenido que ver que, un señor que viene defraudando cantidades exorbitantes a Hacienda, ha salido del interrogatorio del juez Ruz, sin que ni el abogado del Estado ni el fiscal hayan pedido medidas cautelares para evitar su fuga o que siga ocultando sus chapuzas financieras.

El señor Mas sabe que si convoca elecciones ha acabado con CIU y que, con el permiso de Podemos o con su ayuda, quienes se van a llevar el gato al agua van a ser los de ERC que ya están muy por encima en intención de voto de Convergencia. Solo de pensar en un gobierno en manos de ERC y Podemos ya hay motivos para liar el petate y marcharse a vivir a cualquier otra región española. Es por eso que, los señores de Unió del señor Durán, ya hace algún tiempo que dan señales de preocupación. Pueden ser muy nacionalista e, incluso independentistas, pero de lo que no hay duda es que, mayoritariamente, pertenecen a familias acomodadas, burguesas e industriales que saben positivamente que una Catalunya fuera de España, además de perder el principal mercado de esta comunidad, que es España, les situaría fuera de Europa, sin el apoyo del BCE y de las subvenciones de Bruselas de las que, muchos de ellos, dependen para poder sostener sus negocios.

Todo ello sin tener en cuenta lo que ya algunos empresarios importantes han anunciado para el caso de que Escocia se decida por la independencia, y es el abandono del nuevo país para ir a ubicarse en algún lugar de Inglaterra; aparte de los capitales que ya han huido sólo ante la posibilidad de que se produzca la ruptura entre ambos países. En Catalunya, que no tiene las dimensiones de Escocia, los efectos negativos serían sin duda mucho peores. En octubre de 1.934 el señor Companys declaró la independencia de Catalunya lo que le llevó a que las autoridades lo ingresaran en prisión, de la que no salió hasta que las turbas revolucionarias lo liberaron, cuando se produjo el triunfo del Frente Popular en febrero de 1.936. Las consecuencias de todo ello fueron fatales para Catalunya y el principio de una época de caos, asesinatos, robos que no acabó hasta la finalización de la Guerra Civil. Algo que muchos debieran de valorar antes de lanzarse de cabeza a dar  rienda suelta a lo que les pide el corazón pero les niega la razón.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, valoramos los últimos coletazos del problema catalán.