“A pesar de las amenazas de muerte, no voy a aceptar la tiranía, sino más bien luchar en contra de ella” Benazir Bhutto.

Miguel Massanet Bosch. Al parecer hemos llegado al punto en el que, algunos que se han estado disfrazando de mansos corderillos, que han exhibido la sonrisa de la paz y la conciliación y que han vendido democracia en la que, por supuesto, no creen y hacen alardes de buenas maneras cuando, en realidad, son verdaderos matones dispuestos a acabar con la ley y el orden en esta nación española, han decidido destaparse. Ahora ya consideran oportuno pasar a la siguiente fase, la de la amenaza, la del anuncio de represalias en contra de aquellos que se les han opuesto, de la venganza contra quienes no han compartido su ideario totalitario y su falso sentido de la democracia que, al fin y al cabo, ellos sólo la utilizan como un instrumento para alcanzar el poder y, una vez instalados en él, mostrarse tal como son implantando, como ocurrió en Venezuela, el imperio de la fuerza y la opresión, el totalitarismo, en su más terrorífica versión, con la consiguiente negación de los derechos individuales, de las garantías constitucionales, de los principios de un Estado de Derecho y sus libertades, sin las cuales todo gobierno se convierte en dictadura, donde el Estado es a la vez tutor, vigilante y dueño de la vida, hacienda y libre albedrío de los ciudadanos.

Estos días, señores, estamos presenciando la mayor muestra de hipocresía, de desvergüenza, manipulación y de campaña mediática que se puede haber dado en la historia de nuestra, inmadura, democracia. Se ha montado un tribunal popular inquisitorial, dirigido por los tres partidos principales que se están enfrentando al PP, para conseguir alcanzar el poder en nuestro país; una especie de comuna al estilo de los Comités de Salvación Pública de la Revolución francesa, que han decretado, por rara unanimidad, designar como “enemigo del pueblo” al señor Rajoy y a todo el PP. Una repetición de lo que tuvo lugar cuando, unos días antes de las elecciones en España, se produjo el horrible atentado de Atocha, del mes de marzo del 2004 ( sobre el que todavía planean negros nubarrones de insatisfacción, dudas y cierres de juicios en falso que, seguramente, merecerían una investigación más a fondo y concienzuda, para aclararlos).

Aquella vez, las fuerzas de la izquierda, con principal protagonismo del PSOE, aprovecharon la jornada de reflexión para lanzarse a las calles, atentar contra las oficinas del PP, gritar eslóganes en contra de aquel gobierno, acusándolo de haber sido el causante de que ( se les atribuyó a los árabes como venganza por nuestra “participación en la guerra de Irak”, un infundio ya que en aquella ocasión, a diferencia de lo sucedido en la anterior Guerra del Golfo, en tiempos de Felipe Gonzáles, sólo se habían enviado al frente hospitales militares y ayudas para la población civil o sea: restablecimiento de la seguridad y ayuda humanitaria. A nadie de estos dirigentes se le ha ocurrido llamar la atención sobre el hecho, verdaderamente impresionante, de que, en el despacho del ministro de Interior alguien pudiera haber colocado un artilugio para grabar la conversación del señor ministro con el responsable de la lucha antifraude de Cataluña.

Una curiosa defensa de la legalidad por parte de aquellos que aspiran a dirigir la nación española, donde uno de sus puntales es el mantener, por encima de todo, el Estado de Derecho. Pero, si la evidente doblez de quienes se alegran de que al PP le acosen problemas prefabricados y oportunamente dados a la publicidad, por el sistema de entregas; ya no hablemos de la rasgadura de vestiduras que se ha producido entre los miembros de todos los partidos catalanes, independentistas, comunistas, socialistas y podemitas, cuando han tenido conocimiento de que el ministro Fernández Díaz tuvo una conversación privada, sin otros efectos que un cambio de impresiones con quien, precisamente, tenía la misión de procurar evitar el fraude entre los políticos catalanes. Un hecho que, por cierto, ocurrió hace dos años lo que, para quien tenga un poco de sentido común, le causaría extrañeza que, transcurrido tanto tiempo, si se consideraba esta información como delictiva por los que la grabaron, no hubieran acudido antes ante el juez.

Todo el Parlamento Catalán hoy hervía de indignación y se han escuchado frase reclamando la dimisión del ministro español por haber cometido semejante “atentado” en contra de los gobernantes que, por cierto, apenas hace unos meses declararon públicamente su intención de separarse de España, no sentirse obligados por las leyes españolas y las sentencias de sus tribunales, incluido el Constitucional y, desde entonces, ya han recibido serias advertencias del TC, sobre las intrigas que llevan a cabo para ir formando un gobierno en la sombra y construyendo edificios para albergar a los funcionarios que ellos contratan para que, cuando se declaren “independientes”, tener preparado el relevo a las actuales instituciones del Estado en Cataluña.

No contentos con ello, encomendaron al ex juez Vidal el estudio de una Constitución para Cataluña, en la que se iban a basar para cuando, todavía no se sabe la fecha, decidan declararse en rebeldía y confirmen lo que vienen anunciando hace años: su declaración de independencia de España. Resulta chocante que unos señores que se han instalado en la ilegalidad, un gobierno autonómico y un parlamento que han desobedecido la Constitución, que convocaron, sin permiso para hacerlo, un referendo sin ninguna garantía legal, sin cumplir con ninguno de los requisitos que eran precisos para que, las votaciones, se desarrollaran con la debidas garantía de imparcialidad, bajo las normas legales que garantizasen que no se habían producido anomalías electorales, pucherazo, que las urnas habían sido debidamente controladas por las personas independientes o que los recuentos no habían sido manipulados para que dieran los resultados queridos por los promotores de semejante tomadura de pelo; ahora se consideren ofendidos, ultrajados y exasperados, porque puedan ponerse en cuarentena los métodos de que se han valido para financiarse; el destino de las ayudas del Estado; las cantidades que se invierten en pagar a quienes son contratados para trabajar a favor de las instituciones independentistas; las posibles desviaciones de fondos públicos destinados a otras partidas presupuestarias; etc.

Todos estos que siguen en sus puestos oficiales, todos los que, sin el menor recato, se declaran en contra de España, se quejan del dinero con el que deben contribuir en concepto de solidaridad con el resto de autonomías; que siguen pidiendo al Gobierno más ayudas y el famoso Corredor Mediterráneo; cuando todo lo que piden, así como lo que reciben del FLA, se les da aún siendo conscientes, el señor Montoro y sus ayudantes, de que todo ello puede llegar un momento en que se ponga en cuestión la pertenencia al Estado español y, en un caso extremo, pudieran decidir no indemnizar a España por las inversiones hechas por el Estado en la autonomía catalana; lo que redundaría, evidentemente, en una pérdida no saldada, por unas obras que habrían sufragado los españoles del resto de España. Resulta incomprensible que todavía gocen de libertad aquellos que han hecho méritos suficientes, como hicieron Maciá y Companys, para que se les mandara a prisión. Muchos creemos que el Gobierno ha pecado de demasiado tolerante, de una cierta cobardía, de falta de energía y de dejación de su obligación de cortar, sin contemplaciones, estos movimientos subversivos, que se han valido de la tolerancia con la que se les ha tratado para ir avanzando en su proyecto. Se han envalentonado, se han crecido y han confundido paciencia, pasividad y disimulo con permisividad, condescendencia y pusilanimidad.

Y estos son, señores, los que arman el gran escándalo porque se les impide la libertad para atentar en contra de la nación española, cuando se les vigila de cerca para saber lo que están tramando y, en el colmo del absurdo nacionalista, piden que se castigue a un ministro, el de Interior, porque se interese por evitar que, toda esta camarilla de insurgentes, esté conjurándose para poner en peligro la unidad del territorio español. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos como, a solo dos días de las elecciones, precisamente por no haber averiguado lo que se proponían sacar a relucir, para favorecer sus perspectivas electorales, todos los partidos que se enfrentan al PP, sospechosos por igual de haber aireado una información ilegal (no habría tribunal que la aceptara como prueba), se repite algo que parecía que nunca más volvería a suceder.

Los malos, los ruines, los sinvergüenzas y los activistas no paran ante nada, con tal de alcanzar sus fines, aunque estos sean obscenos e inmorales. Han reeditado lo que sucedió en víspera de las elecciones generales de Marzo del 2004: la utilización torticera de una información que perjudica a un partido para, con ello, influir en el voto de los ciudadanos. Lo peor es que, en esta ocasión, el peligro que corre España es el de caer en el contubernio comunista.