Miguel Massanet Bosch. Podríamos decir que, con la suspensión de la Ley de Consultas catalana por el TC (algo perfectamente previsible, a pesar de la aparente e hipócrita sorpresa de los separatistas catalanes), ha finalizado la primera etapa, al menos la que ha hecho referencia a la posibilidad de celebrar una consulta por el “derecho a decidir” el día 9 del próximo mes de noviembre. Claro que el TC no ha entrado en el fondo de la cuestión y aun caben, aunque muy remotas, posibilidades de que el alto tribunal pudiera decretar la constitucionalidad de la ley catalana. Realmente nos parece casi inimaginable que la resolución final de TC pudiera dar la razón a la Generalitat, en cuanto a una ley evidentemente pergeñada para dar el paso hacia la independencia de Catalunya.

Sin embargo, no nos fiamos de lo que vemos. Aquellos que venimos reclamando  desde que se inició el órdago de los partidos separatistas, especialmente los catalanes, amenazando la unidad del Estado con la secesión de lo que ellos consideran la “nación catalana”; tenemos la desagradable sensación, reafirmada por la impresión de que, el gobierno actual de España, es bastante propenso al secretismo, a las negociaciones bajo cuerda y a los pactos ocultos con los miembros de la oposición; de modo que, aunque ante sus votantes aparezcan como separados por grandes abismos idealistas y sostengan públicamente opiniones diametralmente opuestas; a través de negociadores de cada bando, en reuniones de las que nadie, más que los altos dirigentes de cada partido, conocen, se establecen estrategias, se toman medidas a corto y largo plazo para soslayar, sin perjuicio para la credibilidad de cada uno de los interlocutores, aquellos temas que parecen irresolubles y que, en lo que son las discusiones y enfrentamientos parlamentarios, da la impresión de que no tiene solución alguna.

Seguramente podremos ver, en los próximos meses, como se van produciendo actuaciones, movimientos políticos, cesiones imprevistas y negociaciones que nadie puede imaginarse; de modo que, toda la tensión de estos días, todos los enfrentamientos a cara de perro o los nudos gordianos que nadie parece ser capaz de desentrañar; pueden llegar a soluciones que, en estos momentos, nadie parece capaz de conseguir. Sin embargo, una cosa puede ser lo que hayan tramado en secreto los dos bandos beligerantes y otra, lo que decidan hacer unos ciudadanos a los que se les había prometido votar, se les había ilusionado con poder forzar la independencia de Catalunya y se les había ocultado y negado, reiteradamente, todas las consecuencias que esta separación de España podrían significar para la economía, las relaciones exteriores, la financiación, la moneda, la industria y el comercio, así como el conjunto de prestaciones sociales, para cuyo sostenimiento hasta ahora han recibido las ayudas del Estado, sin las cuales Catalunya hace ya tiempo que hubiera caído en banca rota.

Aparte de estas intuiciones de las que va depender con toda seguridad el porvenir de nuestra nación, España, lo que, de momento se nos presenta, en un futuro inmediato es la reacción del Gobern catalán a la suspensión de la convocatoria firmada por el señor Artur Mas, convocando al referéndum y dando por buena la Ley de Consultas catalana. Desde el punto de vista de la legalidad, la suspensión decretada por el TC supone que el proceso de propaganda, de promoción, de preparación y de convocatoria para ir a votar el 9N ha quedado interrumpido, al menos, hasta que el TC decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley y de la convocatoria. Entre tanto, en lo que respeta a todas las autoridades públicas catalanas, los funcionarios, los mozos de escuadra, las TV públicas y los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad catalana, deberán abstenerse de intervenir en forma alguna en todo lo relativo al proceso electoral, que ha quedado en suspenso. Evidentemente que el resto de ciudadanos seguirán disponiendo de su derecho a manifestarse públicamente en las calles o por escrito, como medio de presión en contra de las medidas del TC.

Sin duda alguna que las cartas que van a recibir todos los funcionarios que dependen del Estado y las fuerzas de seguridad sitas en Catalunya; recordándoles que cualquier ayuda, colaboración o acción en apoyo de la mencionada consulta significará ser expedientado por colaboración en un acto ilegal, van a causar su efecto. Seguramente que, el señor Artur Mas y todos los miembros del Gobern de la Generalitat, ya están enterados de que, en su caso, el persistir en la ilegalidad y el pretender forzar, en estas condiciones, la consulta; puede reportarles ser acusados de desobediencia o prevaricación en su caso. Si se produjeran desórdenes públicos o se resistiese a la acción de las autoridades de las fuerzas del orden encargadas de velar por el mantenimiento del orden público, pudiera llegar a constituir delito de sedición y si, como consecuencia de ello, se montasen tumultos y caos callejeros con daño en las personas o en los bienes, se podría calificar de delitos de rebelión; lo que ya constituyen palabras mayores en cuanto a la consideración penal de tales delitos.

En estos momentos le corresponde a la Generalitat el mover pieza, debido a que la convocatoria que firmó su Presidente, el señor Mas, ha quedado invalidada en cumplimiento de la suspensión del Tribunal Constitucional. O se someten a la nueva legalidad, dando por suspendidas todas las actividades de propaganda y preparación del proyectado referendo del día 9N o, si insisten en empecinarse en llevar adelante su proyecto, sin tener en cuenta sus consecuencias jurídicas, deberán estar dispuestos a afrontar las medidas previstas por el Gobierno para preservar la normalidad en Catalunya y no se debe descartar, en absoluto, que llegara a ser necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Esperemos a que el buen criterio, la responsabilidad y el sentido común de los gobernante catalanes les haga recapitular y desistir de una actitud que pudiera convertir un problema meramente jurídico en una situación irreversible que obligase a que, las medidas para solventarla, adquiriesen proporciones inusitadas, lo que significaría una ruptura total entre catalanes, obligados a tomar partido en un sentido u otro.

La manipulación por los políticos catalanes de los legítimos sentimientos de los catalanes de amor por su tierra y sus costumbres, haciéndoles creer que, el resto de los españoles, les estaban robando; que Catalunya no recibía la compensación adecuada por su contribución a la solidaridad intercomunitaria; usando el empleo del tema de la lengua vernácula como arma arrojadiza para, interpretando que sin inmersión lingüista en catalán, esta lengua estaba condenada a desaparecer; cuando la experiencia viene demostrando que goza de una excelente salud y que lo que, de verdad, está hoy en peligro en Catalunya es que, la lengua española, como idioma oficial de todo el Estado, acabe por ser suprimida en la autonomía catalana.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, los españoles y catalanes que vivimos en esta comunidad, nos sentimos en el filo de la navaja, sin saber si, al final, vamos a caer en manos de los separatistas o, por el contrario, vamos a ser rescatado por la legalidad constitucional.