Comunicado PDVM. Madrid, 8 de mayo 2014

La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid(PDVM), se dirige a la opinión pública nacional e internacional para:

1º.- Condenar de manera rotunda la violenta arremetida del régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros, del día 7 de mayo del presente año, que se tradujo en la detención de 230 estudiantes venezolanos que protestaban en campamentos instalados en la Plaza Bolivar de Chacao, en la Plaza Alfredo Sadel, en la Avda. Francisco de Miranda en las inmediaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  y en la urbanización Santa Fé.

2º.- Condenar categóricamente la detención del dirigente Rodrigo Diamanti, presidente de la ong “Un Mundo sin Mordaza” y director de SOS Venezuela, por parte del  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ocurrida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, así como la persecución y contínuos allanamientos de que están siendo objeto dirigentes y organizaciones de defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.

3º.- Exigir la inmediata libertad de todos los estudiantes y cuidadanos detenidos y actualmente prisioneros del régimen, incluídos el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, Rodrigo Diamanti, contra quienes se han dictado medidas arbitrarias que cercenan sus derechos y libertades.

4º.- Condenar sin ambages la política sistemática y generalizada de ataques masivos, generalizados y conscientes, contra una parte de la población venezolana perfectamente identificada y  por razones políticas, con resultado de asesinatos, heridos, torturas, trato inhumano, desapariciones, persecución y detenciones ilegales, constitutivos de numerosos crímenes de lesa humanidad.

5º.- Exigir a los miembros de la Comunidad Internacional, a sus órganos políticos e institucionales, un pronunciamiento firme y contundente de condena a esta política de estado adelantada por el gobierno venezolano en contra de ciudadanos que simplemente ejercen el legítimo derecho a la protesta, ante las grave y estructural crisis económica, política y social que afecta al país, cuya responsabilidad recae de manera exclusiva e indubitable en los conductores de un gobierno señalado de ineficiente, corrupto y violador de derechos humanos, con cómplices instalados en el castro comunismo cubano.

 LA JUNTA DIRECTIVA