Sara Arbizu. 19 de octubre. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil tuvo que optar, en la mañana del sábado, por no asistir a la manifestación de la Policía frente al Ministerio del Interior. El motivo: la semana pasada recibieron del director general del Instituto, Francisco Javier Velázquez, la prohibición expresa de acudir, bajo amenaza de incurrir en infracción muy grave por desobediencia.

Dicha asociación de guardias civiles alega que, de acuerdo con la Ley Orgánica de 12/2007, del Régimen disciplinario de la Guardia Civil, no existe ninguna proscripción para que los miembros del cuerpo acudan a manifestaciones. Por esta razón, el argumento que utilizó el director general no fue el incumplimiento de la ley, sino de la orden de un superior, emitida por él mismo.

La instrucción fue remitida a los oficiales con la orden de que fuese comunicada a todos sus subordinados, lo que incluía la obligación de convocarlos a todos para firmar un documento manifestando que no asistirían. Afirman que también se vieron forzados a comunicar por teléfono o vía SMS a los que estuvieran de baja o no pudieran acudir a la reunión por diversos motivos, el contenido de la misma.

En estas circunstancias, el servicio jurídico de la Unión de Oficiales ha decidido presentar una denuncia penal contra las autoridades implicadas por los delitos de amenazas y de coacciones al ejercicio de un derecho fundamental.

Entre los denunciados estaba previsto que se encontrara el propio Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que la denuncia habría tenido que ser presentada ante el Tribunal Supremo, que es el que tiene jusrisdicción para enjuiciar a un miembro del gobierno. Sin embargo, por razones de “presupuesto”, el denunciado será únicamente el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez y la denuncia se entregará en el Registro General de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla (Madrid). Por la misma razón –de índole económica- se ha optado finalmente por interponer una denuncia penal, no una querella, que permite una mayor participación del denunciante en el proceso, pero que habría supuesto, según el comunicado emitido por la UO, un coste al que la organización no podía hacer frente.

En caso de que no proceda la denuncia, la Junta Directiva de la UO asegura que se plantearán otras posibilidades, como preparar otra demanda de carácter administrativo para que anule “lo que consideramos una ignominiosa circular de coacciones preventivas que se hizo llegar a todos los Guardias Civiles”. Además, no descartan la posibilidad de plantear las pertinentes demandas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “si en las primeras instancias no se reconoce la gravedad de la consumada limitación de derechos”.

“Desde la UO, concluye el comunicado, esperamos contar con Asistencia Jurídica especializada en la Defensa de los Derechos Fundamentales, pues semejante vulneración de los derechos básicos de 73.000 ciudadanos, no puede quedar impune”.