Gonzalo Rojas Sánchez. El rector de la P. Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, le ha comunicado oficialmente el 7 de octubre a la Comunidad universitaria que "hasta ahora y bajo las condiciones descritas, la UC no puede adherir" a la propuesta de gratuidad del Gobierno. Explica el rector que "de hacerlo pondríamos en riesgo nuestra autonomía, potencial de desarrollo y financiamiento de la universidad."

Lo que el doctor Sánchez ya había comentado en El Mercurio el domingo 4 es ahora una determinación oficialmente comunicada a todos los miembros de la mejor y más demandada universidad del país. Las razones expresadas por el rector son muy importantes. En primer lugar, estima que "la propuesta carece de una definición clara respecto de respetar la diversidad de proyectos educativos y de potenciar las misiones institucionales; por el contrario establece condiciones a las instituciones que adscriban al sistema de gratuidad, las que vulneran su autonomía por medio de la capacidad de desarrollo de la institución y en su forma de gobierno."

Esa es la conclusión general, la misma que durante tanto tiempo se veía venir como la natural consecuencia de los anuncios gubernamentales desde que la presidenta, en plena campaña, hablara de la necesidad de firmar un convenio para que las instituciones accedieran a los fondos que administra el Estado, pero que son aportes de todos los chilenos. En concreto, el rector no acepta que "los planteles que quieran sumarse a la gratuidad en 2016 no podrán subir sus cupos en más de un 2,7%", porque "es un claro freno al potencial de desarrollo de cada institución, lo cual repercute en la calidad del proyecto educativo." Contenido evidente de la autonomía es que cada institución determine a cuántos alumnos se encuentra en condiciones de ofrecer su formación. A eso se agrega que Ignacio Sánchez rechaza que el proyecto establezca "el financiamiento de la gratuidad a través de un "arancel regulado", el que "se calculará agrupando a las universidades según sus años de acreditación y promediando los valores de referencia de sus carreras.

Esta propuesta implica un déficit para las universidades y el consiguiente riesgo institucional. Esto nos obligaría a asumir parte del presupuesto de gratuidad, bajando para ello la calidad académica y disminuyendo presupuestos que van en beneficio del proyecto educativo de los estudiantes." Otra clara restricción a la autonomía y al proyecto de desarrollo institucional. Se extiende también su preocupación a que "la iniciativa plantea el financiamiento solo para la 'duración formal' de la carrera. En nuestra universidad, el 37% de los alumnos termina la carrera sin atrasarse. Son justamente los jóvenes más vulnerables quienes presentan las mayores brechas académicas, y por ende demoran más tiempo en terminar la carrera. Con esta modalidad, el Estado transfiere la responsabilidad del financiamiento a las instituciones, con el consiguiente perjuicio para su desarrollo." Duda también el rector Sánchez de otras dimensiones más generales del proyecto. Por una parte, del monto "de los recursos que se dispone para hacer efectiva la gratuidad.

Para las instituciones esta falta de certeza es preocupante ya que incide en el presupuesto; y para las familias lo es aún más, ya que no disponen de información clara respecto del escenario de financiamiento para la educación de sus hijos." Por otra, le "preocupa la inclusión del financiamiento a la Educación Superior por medio de una glosa del Presupuesto. Cuando en el pasado se ha tomado esta vía, las experiencias no han sido positivas en la medida en que ello se presta para legislar políticas públicas con instrumentos que son esencialmente financieros y que no tienen que ver con un acuerdo país sobre temáticas de esta relevancia." La idea fuerza que el rector Sánchez deja planteada para que todos en la PUC la asimilemos, es muy clara: "La gratuidad no puede ser un medio para controlar la autonomía universitaria." Es la señal que el resto del sistema universitario chileno debe comprender.