Francisco Torres García. La comparecencia del presidente del gobierno en funciones, señor Mariano Rajoy, en lo que debiera haber sido una respuesta contundente ante el anuncio y aprobación en el Parlamento de la Comunidad autónoma catalana de un programa de gobierno que no solo vulnera la legalidad y se posiciona a favor de la desobediencia sino que además anuncia la comisión de un delito, fue profundamente lamentable.

Fiel a su costumbre Mariano Rajoy se limitó a lo de siempre: advertir que no admitiría ninguna ilegalidad. Palabras que para los separatistas no son más que baladronadas de quién parece más proclive a no querer hacer nada en un absurdo intento de ganar tiempo, e incluso aprovechar la situación para conseguir una difícil investidura, que a actuar con la contundencia necesaria.

Lamentable Mariano Rajoy, porque en su intervención cometió la torpeza, esperamos que de forma inconsciente, aunque sea prácticamente imposible creerlo, de asumir como propio el lenguaje del adversario; el eufemismo que disfraza y al final legitima la ilegalidad que en este caso supone admitir las tesis nacionalistas y por ende separatistas -el nacionalismo es inseparable del separatismo-. Así, el presidente en funciones del gobierno habló de "soberanistas" para evitar u ocultar lo que realmente son: sujetos dispuestos a acabar con España como nación ante los que solo cabe aplicar el Código Penal. Expresión con la que se busca dulcificar y minimizar la realidad; evitar dejar en evidencia la gravedad de lo acontecido para que nadie se plantee que si hemos llegado a este punto ha sido por la condescendencia y el guante blanco, cuando no el apretón de manos, que durante años se ha dado a los separatistas disfrazados de complaciente y necesario nacionalismo.

Utilizar términos como "soberanistas" o "proceso" es solo una muestra de hasta qué punto se está perdiendo una batalla ideológica que, después de lo oído en el Parlamento catalán, solo tiene una salida: la aplicación de la ley. Ahora bien, eso implica recurrir al artículo 155 y suspender en todo o en parte la autonomía. Pero ante lo oído, mezclado y leído con los intereses partidista-electorales de todos (PP, PSOE y Ciudadanos), donde nadie quiere ir más allá de las palabras cuando los separatistas se toman a chanza las palabras y las amenazas de recursos al Tribunal Constitucional, me parece que muchos prefieren la indignidad y la cesión al riesgo, aunque se jueguen la propia continuidad de España.