Redacción. Empiezan las amenazas al gobierno central. Los letrados de la Generalitat advierten de que "es difícil prever las consecuencias" si se cierran los cauces para institucionalizar la expresión de la opinión política, y se remiten a una resolución de 2003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que alerta de los riesgos de no dar salida a los retos de gobernabilidad.

La resolución apunta que, si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones, se tiende a alimentar "el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia".

Para reforzar sus argumentos sobre la necesidad de dar salida a una reivindicación de los catalanes, los recursos apelan también a las movilizaciones en favor de la consulta que se han producido en Catalunya, así como a los pronunciamientos de numerosos ayuntamientos.

REFERENTES INTERNACIONALES

Para reivindicar la legalidad de la consulta, la Generalitat alega que, 35 años después de que fuera aprobada la Constitución, sus preceptos "ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor".

El Govern defiende que las consultas son "un procedimiento normal en el ámbito internacional de las democracias occidentales" y pone de ejemplo Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia.

La Generalitat cita en el recurso la Decisión del Tribunal Supremo de Canadá que recoge, aludiendo al caso de Quebec, que "el sistema debe poder reflejar las aspiraciones de la población", combinando la primacía del derecho y el principio democrático.

DECLARACIÓN DE SOBERANÍA

También se alude a la sentencia sobre la Declaración de Soberanía del Parlament que dictó el Tribunal Constitucional: aunque quedó anulada por el Alto Tribunal, el Govern considera que sí avaló el 'derecho a decidir' de los catalanes.