MANUEL PARRA CELAYA. El trámite de la Ley de Memoria Democrática ha empezado su curso; trámite no en el sentido jurídico de la palabra, sino en su uso popular: esto es una cosa de trámite…, pues el rodillo parlamentario del nuevo Frente Popular convertirá el proyecto en una nueva realidad de tono inquisitorial; la oposición se abstendrá, según su costumbre, para evitar -inútilmente- que la vituperen con el estigma del fascismo, y, si algún día se dicta la alternancia, no modificará desde el Poder alcanzado ni una coma de esta dogmática ley, siguiendo la pauta que dejó aquel Registrador de la Propiedad.
    Faramallas y demagogias aparte, la nueva ley comenzará su andadura, quién lo duda, cebándose en los muertos y profanando en consecuencia sus sepulturas; si esta trayectoria comenzó con Francisco Franco, ahora alcanzará, seguro, al Fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y así lo ha anunciado ya el nuevo ministro del ramo, que no ha podido evitar referirse a él tal como lo conocen tantos y tantos españoles: a secas, José Antonio por antonomasia.
    La inminente profanación de sepulturas constituye algo más que una torpe y canallesca medida política: reviste todo el carácter de una venganza ritual, algo que está por encima de las decisiones de los políticos, tanto de la acción de unos como de la inhibición cobarde otros, pues viene consignada de antiguo en las Instrucciones de la Secta para con sus enemigos de antaño y -aunque este no sea el caso- para aquellos que osaron faltar a sus secretos juramentos de fidelidad.
    Cualquier persona ajena a esta trastienda, cualquier político no sometido a disciplina superior y a estos dictámenes, ya seculares, de carácter secreto pondría su esfuerzo en superar y vencer a sus adversarios vivos, a aquellos que pudieran hacer sombra a sus ideales y proyectos; si esta persona o este político en cuestión fuera honesto, pondría en juego los medios legítimos y legales que le pudieran deparar el triunfo y la derrota de su oponente; en todo caso, dejaría a los muertos reposar en sus sepulturas. Si, además, esta persona o este político fuera mínimamente creyente, dejaría al Juicio Divino la suerte de quienes ya dejaron este mundo y cuyos restos morales descansan en la tierra.
    No ocurre así con los afectos o subordinados a la Secta, obligados a no dar reposo a las cenizas de quienes, en vida, se opusieron a los designios proyectados por aquella.
    Poco o casi nada dijo José Antonio de la Secta durante su corta vida política; alguna referencia tangencial encontraremos en sus escritos y discursos; pero ella sigue detectando su peligrosidad, que permanece a los ochenta años de su muerte y reside en su pensamiento legado a otras generaciones, especialmente aquello que constituye su esencialidad, por encima de las modas políticas, de lo circunstancial o secundario: su afirmación de que todo problema político encierra una base religiosa; su identificación sin fisuras con un sentido católico de la vida; el hecho de sustentar todas sus propuestas en el ser humano, dotado de forma inalienable de dignidad, de libertad, de integridad y abierto a la trascendencia; su concepción de España como patria, por encima de regímenes concretos y de interpretaciones alicortas; su pretensión de crear una síntesis entre la tradición rescatable y la revolución necesaria para el triunfo de la justicia social…, y, sobre todo, el ejemplo de su vida de compromiso, quemada al servicio de una empresa grande,  y de su muerte, con voluntad expresa de estar en el seno de la Iglesia Católica, tras un juicio inicuo, fusilado sin apelación por los ascendientes ideológicos de los creadores de la nueva Ley de Memoria Democrática.
    En estos últimos años, algunas voces falangistas han sugerido la oportunidad de rescatar los restos de José Antonio de esta venganza ritual, que se venía venir, y confiarlo a sus familiares; este articulista se mostró reacio a esta propuesta, pues suponía, por una parte, que algunos de sus descendientes no estarían precisamente por la labor, y, por otro, que, en todo caso, su sepultura descansaba en terreno sagrado, bajo el signo de la Cruz de Cuelgamuros, junto a millares de otros caídos, de los dos bandos, en una guerra que el Fundador nunca deseó y que intentó incluso detener ya comenzada. Tampoco el traslado de los restos era garantía de escapar de la venganza ritual; precisamente en estos últimos días nos ha llegado la noticia de la profanación en Montserrat de la capilla que alberga a los caídos del Tercio de Requetés que llevó el nombre de la Moreneta…
    Sea como sea, ya no se está a tiempo. El rodillo parlamentario se impondrá inexorablemente y ningún personaje público alzará la voz para detener el desafuero y la nueva profanación. Quizás no tenga tanta importancia, pues seguro que el alma de José Antonio descansa en paz en el lucero asignado por el Dios del Amor, que está por encima de las miserias humanas y de los dictámenes sectarios.
    También es seguro que quedamos algunos, pocos o muchos, que guardamos la memoria de José Antonio y seguimos empeñados en que sus ideas sean aprovechables para España y para los españoles en este siglo XXI, presidido por la vergüenza democrática.
    Tengo en mi despacho una fotografía bastante reciente en que aparezco depositando las cinco rosas en la losa que quieren abrir; no sé si podré repetir ese gesto simbólico, pero sea como sea nada ni nadie me podrá arrebatar mi condición de joseantoniano, mi fe en Dios, mi confianza en mis ideas, mi desprecio por los profanadores de tumbas y mi alegría de seguir trabajando por una España de todos, donde, ojalá, nunca se vuelva a verter sangre española en discordias civiles, como dejó dicho José Antonio en ese testamento que seguro no han leído quienes quieren profanar sus restos.