Miguel Massanet Bosch. Es evidente, señores, que en este país, aunque se quiera disimular, nos encontramos en una situación de excepción política. Se están produciendo hechos que, si hubiesen tenido lugar hace unos años, algunos de los que hoy en día están disfrutando de libertad para enfrentarse a la Constitución y al Estado español, ya habrían sido confinados en alguna celda de un penal estatal. Incomprensiblemente toda una autonomía, la catalana, se erige en adalid de la desmembración de la nación española y toda la reacción que se produce, por parte de quienes tendrían la obligación de ocuparse de que esta situación no se hubiera producido, ha sido permanecer ajenos e impasibles ante la palmaria vulneración explícita de nuestra Carta Magna; como si, a ellos, no les afectase como defensores de la unidad de la nación española, el hecho de que los políticos catalanes, por activa y por pasiva, nos digan y nos repitan de palabra y con hechos, que lo que están buscando es la independencia de España y que, para lograrla van a utilizar todos los medios, constitucionales e inconstitucionales, sin que les importe que ello suponga enfrentarse al resto de españoles y acudir a instancias extranjeras para pedir apoyo para sus, espurios y delictivos, propósitos.

En España, se supone que estamos en un Estado de Derecho, donde existen instituciones que, ante la situación de extrema gravedad que supone la circunstancia de que la nuestra democracia esté en peligro y que, una parte del país, se intente levantar contra el resto dirigida por un gobierno autonómico insurrecto que se ha atrevido, usurpando competencias de las que carecen, asumiendo potestades que no les competen y prescindiendo de sus deberes como funcionarios del Estado español, a exigir, ¡si señores, a exigir!, del Gobierno español que reconozca a Catalunya como un país independiente, que deje de formar parte de la nación española y que se ceda la soberanía sobre él, sólo porque,  menos de un tercio de los catalanes, hayan decidido que tienen un voto de calidad que no poseen el resto y que, en virtud de ese privilegio, pueden iniciar el camino hacia su independencia, sin tener en cuenta la opinión del resto de los españoles ni de los propios catalanes que no participan del deseo de independizarse.

A muchos españoles, de los que de verdad nos consideramos como tales y seguimos respetando nuestra bandera, nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho; nos choca, nos incomoda y nos preocupa que se siga permitiendo que, día tras día, no se sabe por qué tipo de cobardía, mojigatería o pasividad, se siga permitiendo que, desde los miembros de la Generalitat catalana, se continúe insistiendo en denigrar a España a mofarse de sus leyes y desacatar las sentencias de los tribunales, entre ellos las del TS y del TC; despreciando a los españoles de otras autonomías, sin que haya la más mínima respuesta, reacción o advertencia por parte de aquellos a los que, la misma Constitución, les ha asignado la misión de evitar que estas tropelías, amenazas y atentados contra la unidad de España y convivencia entre los ciudadanos, puedan cometerse con plena impunidad.

Añoramos una mayor implicación del Rey, máximo garante de la unidad de la nación y jefe supremo de las FF.AA. Es posible que, en otros aspectos menos importantes de sus deberes como Jefe de Estado, cumpla con sus obligaciones pero, señores, no hallamos ante uno de los momentos más trascendentes para la nación desde la pasada Guerra Civil, en el que determinados partidos políticos están intentando llevar al país hacia un nuevo enfrentamiento a causa de la resurrección de viejas rencillas, odios redivivos y rencores que después de, los más de 75 años transcurridos desde la finalización de aquella contienda, debieran haber sido olvidados y superados, pero que algunos, de forma interesada y para lograr beneficios partidistas, están intentando alentar, aunque ello signifique jugar a un peligroso juego cuyo final es difícil de prever. No basta con viajes oficiales, con asistencia a grandes celebraciones o con pronunciar sesudos discursos ante no menos importantes personalidades; algo que, en efecto, forma parte de los deberes de un rey; sino que, cuando van mal dadas, cuando el pueblo se encuentra expectante esperando instrucciones y opiniones que refuercen el Estado de Derecho, el Rey de España se debería mojar, advertir a los ciudadanos de cuales son las reglas y los límites de nuestra democracia y nuestra Constitución y recordar los deberes de lealtad y solidaridad que todos, sin excepción, deben de acatar como miembros de un colectivo unido desde hace seis siglos.

Sabemos que al Ejército no le deben afectar cuestiones políticas ni debe dejarse influir por ideales particulares que pudieran desviar a la tropa del cumplimiento de su deber. No obstante, sí hay algo que le compete vigilar y defender, según establece el Art. 8º de la Carta Magna, es “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Por ello, los ciudadanos españoles, tenemos nuestras dudas de que nuestras actuales FF.AA. contemplen los sucesos de Catalunya sin que su sentido patriótico se vea afectado, su juramento de fidelidad a la patria les recuerde su deber y la pasividad demostrada por nuestros gobernantes, ante el desafío separatista, no les revuelva las entrañas. Sólo algunos valientes, arriesgando su carrera, han sido capaces de recordar a sus superiores que lo que ocurre en nuestra nación significa el anticipo de una verdadera revolución separatista que, nadie lo dude, sólo sería el anticipo de que otras fuerzas disgregadoras, preparadas para intervenir cuando la oportunidad se les presente, acabaran por rematar el trabajo revolucionario iniciado por los sediciosos que intentan separar a Catalunya de España.

Y por si faltara algo para que la humillación acabara de consumarse, el señor Rajoy, después de abdicar de su obligación de poner orden en los desmanes de los nacionalistas catalanes; delegando lo que es su competencia como presidente del Gobierno en los fiscales; nos anuncia que se va a ir a Barcelona a visitar a quienes han desobedecido al TC y se han pitorreado de toda España. En lugar de llamar a capítulo, en Madrid, a todos aquellos que han favorecido y apoyado la consulta catalana por el “derecho a decidir” y ponerlos firmes, anunciándoles la aplicación del Art. 155 de la Constitución, previos los trámites preceptivos; sigue en su política de “pacificación”, de allanarse a las estrategias de los separatistas, de insistir, una y otra vez, en querer comprarlos con dinero, aunque ello suponga establecer diferencias entre las distintas autonomías y, permítaseme la expresión, ¡de hacer el ridículo ante todos los españoles!, que vemos admirados como este señor insiste en ignorar que ni el señor Mas, ni el señor Junqueras quieren ceder un ápice en sus aspiraciones nacionalistas y que, todo lo que se retrase en cuanto a actuar con firmeza contra ellos, no servirá para nada más que para que, cada vez, los insurgentes se hagan más fuertes y consigan más apoyo. No olvidemos que Podemos parece estar en posición de alerta para aprovecharse de la debilidad de nuestro Gobierno.

El PP parece a punto de saltar por los aires y da la impresión de que sería prudente que muchas de sus personalidades más influyentes, los que han demostrado no estar de acuerdo con esta política absurda de ir cediendo, empezaran a marcar territorio y se posicionaran en vigilante alerta, por si fuera preciso defenestrar de su puesto a esta camarilla que se han hecho fuertes en la Moncloa, deshaciéndose de todos los que les podrían haber hecho sombra y que llevan rumbo de convertirse en un obstáculo para España y los españoles, que no queremos verla dividida y en manos de separatistas y comunistas. O así es como, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, vemos indignados como, nuestro Gobierno, es incapaz de poner coto al independentismo catalán.