Redacción Madrid. 23 de enero. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, alega en la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la capital ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que su seguimiento lo encargó y pagó, "con intenciones que no se pueden comprender", la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.

   En la denuncia que la mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón remitió con fecha 21 de enero al TSJM, a la que tuvo acceso Europa Press, el vicealcalde informa sobre los hechos publicados por El País sobre que ex agentes a sueldo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid siguieron al edil durante varias jornadas del mes de abril.

  "De la información publicada se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde de Madrid, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos, para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración Pública", indica el escrito.

   Así, el concejal solicita que la Fiscalía practique diligencias para "comprobar los hechos y la posible responsabilidad que de ellos pudiera derivarse", usando como base legal el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que reitera y complementa las facultades reconocidas al Ministerio Fiscal en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", así como el artículo 262 de la misma normativa.

   La denuncia también justifica su pertinencia en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que dispone que los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratara de un delito flagrante".

   Además, Cobo incluyó un ejemplar de la publicación de El País del pasado miércoles, donde se da cuenta de los seguimientos, después de que el lunes el diario informara sobre una supuesta unidad parapolicial organizada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para realizar labores de espionaje y contravigilancia, y el martes publicara un dossier sobre investigaciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

   Posteriores artículos del periodista Francisco Mercado incluyeron en la lista de víctimas de esta red al ex consejero Alfredo Prada. El redactor está citado hoy a declarar en la Fiscalía Superior de Madrid sobre este tema, y se le ha instado a presentar todos los documentos en relación con sus informaciones.

   Además, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, aseguró hoy que las denuncias de González y Cobo se tratarán como un solo caso, para el que además de la declaración de Mercado se ha pedido a la Consejería información sobre su supuesta relación con Marcos Peña, el presunto cabecilla de la unidad parapolicial, y con el resto de ex guardias civiles que podrían estar implicados.