Redacción Madrid. 7 de enero. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) juzgará, a partir de mañana, al lendakari, Juan José Ibarreche, a los representantes del PSE-EE Pachi López y Rodolfo Ares, y a cinco miembros de la izquierda separatista vasca, entre ellos, Arnaldo Otegui, por mantener reuniones con Batasuna estando ilegalizada. La causa, se archive o no tras las peticiones de las defensas, o acabe en absolución para los procesados, está abocada a que sea resuelta, finalmente, en el Tribunal Supremo, ya que las acusaciones populares, ejercidas por el Foro de Ermua y la asociación Dignidad y Justicia, recurrirán al alto tribunal.

   Ante una importante expectación, la presencia de alrededor de unos 150 profesionales de los medios de comunicación, y cargos políticos, militantes y simpatizantes del tripartito y de la izquierda separatista vasca que se espera que se acerquen al Palacio de Justicia de Bilbao, se celebrará la vista oral que se desarrollará en un escenario preelectoral.

   El resultado del juicio podría condicionar los propios comicios, ya que Ibarreche y López, candidatos a lehendakari por el PNV y el PSE-EE, respectivamente, para las elecciones del próximo 1 de marzo, se enfrentan a una posible inhabilitación, y la sentencia previsiblemente se conocería antes de la campaña, que comenzará el 13 de febrero.

   Mañana, en una vista oral sin precedentes, se sentarán en el banquillo de los acusados el lendakari, el secretario general del PSE-EE y el secretario de organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, junto con los cinco miembros de la ilegalizada Batasuna: Arnaldo Otegui, Rufi Echeberria, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, y Olatz Dañobeitia.

   Los representantes de la izquierda separatista vasca están considerados presuntos autores materiales de delitos de desobediencia previstos en el artículo 556 del Código Penal, mientras que Ibarreche, López y Ares están acusados de actuar como 'cooperadores necesarios' para que los hechos considerados delictivos (las reuniones) se materializaran.

   El lendakari se reunió con los miembros de la extinta Batasuna el 19 de abril de 2006, lo que provocó que el Foro de Ermua presentara una querella que fue admitida a trámite por el TSJPV. Posteriormente, mantuvo nuevos encuentros el 22 de enero de 2007 y en otra ocasión cuya fecha no está especificada.

   Por su parte, los dirigentes del PSE-EE se entrevistaron con los miembros de la izquierda separatista vasca el 6 de julio de 2006 en una reunión celebrada en San Sebastián. El PP y el Foro de Ermua les demandaron y el Tribunal Superior de Justicia tramitó las denuncias.

   Los encuentros se produjeron cuando se desarrollaba el 'proceso de paz' que se inició tras la declaración del 'alto el fuego permanente' de ETA el 22 de marzo de 2006. Las acusaciones populares fundamentan su acusación en que Batasuna estaba ilegalizada y sus actividades prohibidas, por lo que sus representantes no podían mantener reuniones.

   Los procesados se enfrentan a la petición de penas de prisión de entre nueve y cuatro años, en contra del parecer de la Fiscalía que solicita la absolución. En concreto, el Foro Ermua reclama dos años y nueve meses de cárcel para el lendakari, nueve meses para los dirigentes socialistas, y entre uno y cuatro años para los de la izquierda separatista vasca, además de penas de inhabilitación. Por su parte, Dignidad y Justicia pide tres años de prisión para Otegui, dos para Ibarreche y Echeberria, y uno para López, Ares, Barrena, Petrikorena y Dañobeitia.

   Durante el primer día del juicio, que se celebrará mañana, los representantes legales plantearán, como cuestiones previas, el archivo de la causa, algo que se les ha negado a lo largo de la instrucción, según informaron fuentes jurídicas.

   Las defensas de los acusados subrayarán, entre otras cuestiones, que los miembros de la izquierda separatista vasca, pese a estar ilegalizada Batasuna, mantienen sus derechos "intactos", y destacarán que el Tribunal Supremo archivó la querella presentada por Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por hablar con ETA.

   En esta cuestión hará especial hincapié el abogado de Ibarreche, mientras que el de los socialistas insistirá en que, además, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón avaló el encuentro entre  PSE-EE y los miembros de la izquierda separatista vasca, al considerar que no había delito en ello.

   También se aludirá, para solicitar el sobreseimiento del caso, la sentencia del 'caso Botín', en la que se apuntaba que, en los procedimientos abreviados, las acusaciones populares no podrán pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hayan solicitado el sobreseimiento de la causa, "en la necesidad de salvaguardar los derechos" del acusado.

   Las defensas de los procesados recordarán, asimismo, que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa a lo largo de la instrucción, se ha mostrado contraria a la apertura del juicio oral y ha mantenido la solicitud de absolución al entender que no había infracción penal alguna.

   El Tribunal -que presidirá Manuel Díaz de Rábago e integrarán también Antón Subinas y Juan Carlos Benito-Butrón-, deberá decidir si archiva el procedimiento penal -una pretensión rechazada con anterioridad por el juez instructor, Roberto Sáiz, y por la Sala Civil y Penal del TSJPV-, o si prosigue la vista oral.

   El TSJPV mantiene la previsión de que los procesados declaren entre mañana y el próximo 12, aunque es probable que hasta el lunes no puedan hacerlo. El primero en ofrecer su testimonio será Arnaldo Otegui, seguido del resto de miembros de la izquierda separatista vasca acusados. Posteriormente, lo harán el lendakari, López y Ares, por este orden.

   Además, el próximo lunes está prevista también la lectura de los informes de los testigos especiales: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su antecesor en el cargo, José María Aznar, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

   El día 13 prestarán declaración los periodistas y el 14 numerosos políticos y representantes sindicales. Están citados la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, y su antecesor en el cargo, Josu Jon Imaz, el presidente del GBB, Joseba Egibar, el presidente de EA, Unai Ziarreta, y la ex líder de esta formación, Begoña Errazti, además del coordinador general de EB, Javier Madrazo, y los parlamentarios de este partido, Oskar Matute y Antton Karrera.

   También testificarán el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, su predecesor José Elorrieta, así como el que fuera ex líder del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, y su sucesora en el cargo, Ainhoa Etxaide.

   El 15 de enero, declararán el sacerdote norirlandés y mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, Alec Reid, el ex presidente italiano, Francisco Cossiga, el Premio Nobel de la Paz 1980 y mediador en conflictos entre el Gobierno español y ETA, Adolfo Pérez Esquivel, el ex ministro de Defensa y Asuntos Constitucionales de Sudáfrica, Roelf Meyer, el tesorero general del Congreso Nacional Africano, Matherws Phosa, el experto en resolución de conflictos del Instituto Carter, Harry Barnes, la que fue asesora de Bill Clinton en Asuntos Exteriores, Nancy Soderberg, el miembro de la comunidad cristiana de San Egidio Mateo Zuppi, y el abogado sudafricano y experto en resolución de conflictos, Brian Currin.

   La declaración de la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, las pruebas periciales, las lecturas de los informes y conclusiones definitivas de las partes harán que la vista oral se prolongue hasta el 22 de enero, fecha en la que, de cumplirse las fechas establecidas, el caso quedará visto para sentencia.