Redacción Madrid. 24 de noviembre.

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, apostó hoy por respetar la "autonomía" de cada centro para decidir sobre la presencia o retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos, puesto que "son los que mejor conocen qué tipo de alumnos tienen y qué piensan los padres".

Con estas declaraciones, Cabrera mostraba su opinión sobre la sentencia de un juzgado de Valladolid que obliga a un colegio público de la capital castellano leonesa a retirar los símbolos religiosos de las aulas. La posición de la ministra contrasta con la del número dos socialista y creyente declarado, José Blanco, que aboga por la retirada de los crucifijos. A este tema también se ha referido la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, quien señaló que su partido respeta esta resolución, sin embargo señala que este tipo de símbolos no molestan "a la mayor parte de los españoles".

   Durante una visita al El Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP) de la localidad coruñesa de Ames, Cabrera defendió que los centros son "los que deben tomar la iniciativa" para la retirada de estos elementos en lugar de la Administración educativa, puesto que, a su juicio, "muchas veces, establecer normas generales de carácter obligatorio, en lugar de resolver problemas, lo que hace es crearlos". De este modo, preguntada por los periodistas sobre la sentencia judicial consideró "francamente valorable" que el texto que respalda la decisión judicial parte "de la misma Constitución, que dicta el carácter aconfesional del Estado". Por lo tanto, recordó que los padres y los consejos escolares tienen "derecho" a solicitar su eliminación de los espacios públicos.

   Precisamente, apuntó que, en función de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Constitución, hubo un proceso "muy generalizado" y "absolutamente lógico" de retirada de símbolos que se produjo "con toda normalidad", algo que vinculó a "los principios constitucionales" y a que la población "es cada vez más heterogénea y con creencias muy diferentes".

   "Porque estos símbolos pueden responder a las creencias de algunos, pero no de todos los alumnos de un centro", esgrimió, al tiempo que incidió en que el "principio básico" de la escuela pública es "la tolerancia a todas las creencias". No obstante, reiteró su "defensa de la autonomía" de los centros a la hora de decidir sobre esta cuestión "y cualquier otra". "Ellos deben tener la iniciativa y resolver estas cuestiones", concluyó.

   Ante estas palabras, el propio presidente autonómico de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sostuvo que a su juicio la permanencia de crucifijos y símbolos religiosos en centros escolares "no es elemento de agresión ni vulneración de derechos y libertades", al menor. De esta manera mostraba su "malestar" por la decisión del magistrado vallisoletano y puso como ejemplo la contradicción de este hecho con otros actos institucionales. En este sentido recordó la jura o promesa de los cargos de los últimos ministros nombrados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se realizó junto a un crucifijo: "A nadie se le ocurrió significar que la presencia de ese crucifijo deslegitimara ese gobierno que es democrático y que es laico de la España del siglo XXI", dijo.

EL PP RESPETA LA SENTENCIA

   La decisión del juez vallisoletano ha suscitado la polémica durante todo el fin de semana y hoy tampoco ha podido eludir el tema la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien expresó el respeto de su formación por la sentencia pero afirmó que los crucifijos no "molestan" ni al PP ni a "la inmensa mayoría de los españoles". De Cospedal hizo estas declaraciones en una rueda de prensa, al término de la reunión del Comité de Dirección, en la que también puntualizó que aunque España es un Estado aconfesional, la Constitución española "reconoce un papel especial a la Iglesia católica", que es "la confesión mayoritaria de los españoles".

   Pensamientos similares tiene el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, quien consideró que hoy en día el crucifijo es un signo muy arraigado en nuestra cultura por lo que, su erradicación "no favorece la convivencia" que se construye con el "respeto a las personas y no simplemente tirando por la borda la riqueza cultural de un país". En este sentido recalcó que lo importante es "ayudar a las personas a respetar los signos sean de la religión que sean" y que los niños deben ser educados en estos valores.

   Por el contrario, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que "en los colegios públicos no debe haber crucifijos porque hay que respetar las creencias de todo el mundo". "En los colegios públicos, yo comparto la decisión del juez, no debe haber crucifijos. Y se lo dice un creyente", afirmó tajante el dirigente socialista. Blanco insistió durante sus declaraciones que el Estado español es "aconfesional" y eso implica "respetar a todo el mundo y las ideas y las creencias de todo el mundo".

   Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, se mostró favorable a retirar los crucifijos de las escuelas públicas y pidió "realizar las modificaciones legales oportunas para eliminar del ordenamiento jurídico de todo lo que favorezca a cualquier religión". El portavoz independentista solicitó que se garantice "plenamente la neutralidad religiosa de los poderes públicos y que se eviten casos en los que se pone en duda la aconfesionalidad del Estado". En este sentido, destacó que una de estas situaciones es la presencia del crucifijo y la Biblia en la toma de posesión de ministros, que a su juicio "lesiona los derechos de las personas laicas, agnósticas o con distintas creencias religiosas a la católica".