Luis Gómez, pb. Cualquier persona, con una formación clásica, sabe que la obligación de obedecer a la ley civil tiene algunas limitaciones. La ley positiva tiene que adecuarse a la ley natural y a la razón. Una ley que ordena actos inmorales es injusta. Un cristiano o cualquier persona que actúe conforme a una conciencia recta, por obligación moral, debe desobedecerla y batallar contra ella. Esta desobediencia puede llegar a la insurrección si el poder político, ejercido de una forma totalitaria al unir poder gubernativo, legislativo y judicial bajo el dominio de un partido político, llega incluso a someter la investigación histórica a su criterio ideológico.
Por otra parte, las leyes positivas deben, por su propia esencia, mirar al futuro para evitar divisiones y enfrentamientos sociales que darían por finiquitada una convivencia en paz. La irretroactividad de la ley debe aplicarse incluso a extremos que tiene que ver con el caso que nos va a ocupar cuando el poder del gobierno se ejerce irracionalmente contra un muerto y su familia.
La ley de memoria histórica es injusta por querer reescribir la historia, enalteciendo, en ocasiones, a asesinos confesos y, en otras, condenando a personas de bien. El uso permanente de la mentira, hace tanto daño como para convertir a las personas en una masa social que, desorientadas por la manipulación política, pierden la capacidad de diferenciar el bien del mal y, por tanto,  sin remordimiento de conciencia, en el mejor de los casos, relativizar lo que, por evidencia, saben que no responde a la verdad. Si la ley es injusta, el decreto posterior sencillamente es tiránico y pide a la judicatura, a los medios de comunicación y a los camaradas ideológicos que sean cómplices de actos inmorales como profanar tumbas por el capricho de personas que Marañón, López Ibor o Vallejo Nájera podrían describir muy bien.
Las familias, como la mía, que sufrieron el terror del Frente Popular, comandado por el PSOE, perdonaron cristianamente desde el fin de la guerra. La reconciliación de los españoles, conseguida hace décadas, queda barrida inmisericordemente por personas que no son de Dios pues los que generan odio y división, como recoge las Sagradas Escrituras, tienen otro padre.
Aunque la mayoría de la población española no ve con buenos ojos la falta de respeto a los enterramientos, no han sido muchas las voces que se han elevado en contra de este grave pecado que se quiere perpetrar en unos días. Es cierto, que periodistas que viven de su trabajo, militares retirados, asociaciones culturales, han sido capaces de dejar para la historia una postura que les dignifica. Sin embargo, querría, por razones de compañerismo y amistad, destacar el ejemplo del padre Prior y de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos que han conseguido dejar en alto el pabellón de unos consagrados que, no hace tanto tiempo, sin ninguna apostasía, morían mártires de Cristo en defensa de la verdad. En estos días, abandonado por los suyos, encontramos razones para entender el porqué los planes pastorales no dan resultados, disminuyen las vocaciones, pierden su sentido las misiones evangelizadoras…Hoy viernes, en el Oficio de Lectura, rezábamos:
Dios mío, sálvame,
que me llega el agua al cuello:
me estoy hundiendo en un cieno profundo
(…)
Estoy agotado de gritar,
tengo ronca la garganta;
se me nublan los ojos
de tanto aguardar a mi Dios.
Más que los cabellos de mi cabeza
son los que me odian sin razón;
más duros que mis huesos,
los que me atacan injustamente.
(…)
Que por mi causa no queden defraudados
los que esperan en ti, Señor de los ejércitos.
Que por mi causa no se avergüencen
los que te buscan, Dios de Israel.
Por ti he aguantado afrentas,
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi madre;
porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí.

Padre Santiago, puede tener la seguridad que, precisamente, por usted no nos avergonzamos y que no es usted quien nos defrauda.