Solicitan la dimisión del ministro del Interior
Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, ha solicitado el cese del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por los sucesos de Ceuta en los que fallecieron más de una decena de inmigrantes subsaharianos.
Para Cayo Lara, la acción de las fuerzas de seguridad españolas, lejos de ayudar a evitar la pérdida de vidas humanas, "favoreció la tragedia". "Entendemos que lo que se ha producido es una clara y flagrante vulneración de los derechos humanos, ni más ni menos que el derecho a la vida. En vez de auxiliarles, lo que hicieron fue lanzar botes de humo, pelotas, balas de fogueo" lamentó Lara en Piedrasblancas (Castrillón).
"Solicitamos la dimisión del ministro de interior por los acontecimientos que hemos conocido y, por supuesto, por la muerte de la gente que venían a buscar el pan y perdieron mal vida y por un cúmulo de despropósitos", ha remarcado.
Cayo Lara inscribió este suceso "en el marco de la criminalización que de la protesta social viene haciendo el Gobierno del PP" y que se concreta, dijo, "en la llamada ley de seguridad ciudadana o la reforma del código penal".
"El objetivo de este cambio legislativo está relacionado con el endurecimiento de las políticas de ajuste y persigue amordazar a la ciudadanía no ya ante los recortes puestos en marcha sino con un endurecimiento de los mismos", ha advertido.
De este modo, el cese del ministro del Interior es, para Lara, "la única salida no sólo por las muertes sino por el intento de ocultar qué había sucedido realmente en Ceuta".
"El Gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas más allá de otras individuales o colectivas en lo que tiene que ver con la muerte de estos inmigrantes, de estas personas", ha apuntado, resaltando que en la comparecencia del titular de Interior "quedaron demostradas las contradicciones".
Igualmente, IU presentará una batería de medidas "para evitar la escalada de represión que se concretara en la petición de la retirada del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana y la paralización de la reforma de código penal porque endurece medidas dirigidas a intimidar y perseguir a ciudadanos y ciudadanas".