Redacción Madrid. 3 de diciembre.

El juicio contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por retrasar supuestamente el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental, continuará en la jornada de hoy con la lectura final de los informes de las partes, además de la toma de declaración de un último testigo.

   La primera sesión de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, estuvo dedicada al interrogatorio que el fiscal, la acusación particular y la defensa hicieron al acusado.

   Durante la misma, Ferrín Calamita declaró que "se trata de un juicio político", al tiempo que aseguró que "sólo ha velado por los intereses de la menor".

   En un principio, Ferrín Calamita se negó a declarar ante las preguntas del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y del abogado de la acusación particular, José Luis Mazón.

   En este sentido, el acusado dijo que no eran interlocutores válidos porque "habían intentado negociar la retirada de la querella a cambio de 10.000 euros y si accedía a irme de Murcia".

   Esta acusación fue desmentida por Mazón, asegurando que "jamás los abogados de la acusación hemos formulado esta cuestión y consideramos que una propuesta que mantuviese a Calamita en la jurisdicción, sería una propuesta contra el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos murcianos".

   Y es que, en un principio, el abogado de la defensa presentó estas pruebas durante el juicio, alegando que hay unas grabaciones que demuestran esas acusaciones. Posteriormente y, tras deliberar los magistrados, fueron rechazadas por el Tribunal, y su presidente, el magistrado Julián Pérez Templado. "No vamos a volver a insistir sobre esa supuesta conspiración que ha podido ocurrir, o esas conversaciones previas, que a esta sala no le afectan ni interesan", precisó.

   En el turno de preguntas del fiscal Manuel López Bernal, el magistrado Fernando Ferrín Calamita negó haber practicado discriminación sexual, al igual que prevariación o retardo malicioso para la adopción.

   Ferrín Calamita afirmó que él no tiene nada en contra de la madre biológica y la pareja de la misma, "si son felices, por mí, fenomenal, yo siempre he buscado el interés de los menores, en este caso el de la niña".

   Ya en el segundo día del juicio oral, el pasado 25 de noviembre, declararon varios testigos, entre ellos la madre biológica de la menor, Susana M., y su compañera sentimental, Vanesa H. --adoptante--.

   La pareja indicó en su comparecencia que cuando el acusado retiró la patria potestad a la madre biológica de la menor y nombraron un defensor judicial para que representara a la niña, temieron que les pudieran quitar la custodia.

   Así lo manifestó en primer lugar Vanesa H., asegurando que en el momento en el cual se estuvo cuestionando la idoneidad de la madre biológica y la de ella misma "tuvimos el temor de que nos la pudieran quitar".

   También se refirió al examen que le hizo la Dirección General de Familia que consistió, según relató "en una entrevista sobre la situación personal de mi mujer y la mía, cuándo nos conocimos, la educación que pensábamos darle a nuestra hija, la situación familiar y su entorno".

   Ambas pasaron el examen --al cual no tuvieron acceso-- pero recibieron posteriormente una providencia en la que Ferrín Calamita pedía a la Dirección General de Familia que ampliara el informe para que todos los psicólogos de dicha dirección contestasen a varias preguntas.

   Estas cuestiones fueron, "incidentes que para el desarrollo armónico de la menor pueda tener la falta de la figura paterna y la tenencia por el contrario de dos figuras maternas; si es irrelevante desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor, que los progenitores biológico o adoptivo, con quienes aquel diariamente convive, sean o no del mismo sexo; si no es alta la probabilidad, por ejemplo de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad; si no es un derecho del menor el ser insertado en una familia 'normal' compuesta por dos personas de distinto sexo y que por ello son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario".

   Finalmente, la adoptante, Vanesa H., mantuvo que se "sintieron discriminadas por su orientación sexual".

   Por otro lado, en la comparecencia de la madre biológica de la niña, Susana M., a preguntas del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, apuntó que en el caso de que le hubieran denegado la adopción "jamás hubiéramos dejado de vivir juntas y nunca hubiera entregado a la niña en adopción".

   Explicó que "fue un proceso que comenzó como algo sencillo, se complicó muchísimo y se convirtió en una pesadilla. Sufrí una angustia que cualquier buen padre o madre me entenderá. Cuando le ponen un defensor judicial a tu hija, tan pequeña, te quitan la patria potestad de decidir por ella, sin motivo alguno justificado, sufres por ti y por toda la familia".

   A la pregunta que le formuló el abogado de la defensa de Ferrín calamita, Javier María Pérez Roldán, sobre si la niña se había visto afectada durante este proceso de adopción, la madre biológica afirmó que no, pero "sí que se vieron afectados nuestros familiares".

   Posteriormente, en la comparecencia de la psicóloga del gabinete Psicosocial, quien firmó los informes favorables a la adopción, indicó que "si se daba la adopción o no, no iba a suponer ningún cambio para la menor, puesto que era hija biológica de una de las personas y la otra era la pareja legal de ella".

   El Ministerio Fiscal pide que se le imponga a Ferrín Calamita una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros, e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales por tiempo de 18 años.

   Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.