Manuel Parra Celaya. Ya no tienen razón de ser los viejos chistes que ironizaban sobre la holgazanería y la negligencia de las municipalidades y otras administraciones españolas. Por el contrario, actualmente se les acumulan los trabajos, que acometen sin descanso, las agendas de sus cargos y consejeros están ahítas de urgencias y, por qué no reconocerlo, se despepitan por servir a los ciudadanos y a sus necesidades más apremiantes. Ello es así especialmente en aquellas oficinas donde rigen las posaderas de los populismos sobrevenidos, sea gracias a los votantes ingenuos, sea merced a los pactos con un brillante PSOE que nos ha deparado últimamente espectáculos televisivos de primer orden.

Pongo por caso el Ayuntamiento de Barcelona, que tengo más a mano como es natural, que anda absorbido por tareas como las que se detallan a continuación. La primera –como en otros de toda la Piel de Toro en iguales manos- afán por mudar el nomenclátor callejero: así, la plaza de Llucmajor (¿qué habrá hecho la bella localidad mallorquina?) ya se llama de la República (no sabemos si la primera o la segunda); la de Juan Carlos I depondrá su nombre por el de Cinc d´oros y la de la Hispanidad será la de Neftalí Reyes (quiero decir Pablo Neruda, que tal era su seudónimo, nos imaginamos que no por sus Veinte poemas de amor y una canción desesperada, sino por los exabruptos antiespañoles del Canto general).

La segunda faena, casi obsesiva, es la de arremeter contra el turismo, que, como dicen las pintadas y pegatinas, destruye barrios, a cambio de la protección y salvaguarda de los manteros, que no pagan impuestos como los comerciantes pero son muy vistosos. La tercera –anunciada solamente- es transformar el zoológico, para que los niños no solo vean lo simpáticos que son los monos sino para que mediten que su estancia aquí acaso sea para preservarlos de la guerra de sus lugares de origen (sic). Otro arduo trabajo es hacer desaparecer el nombre de Juan Antonio Samaranch, por franquista confeso; y, para no alargarme, llevar a cabo encuestas que pongan de manifiesto la complacencia del personal con la gestión municipal.

Con todo ello, no olvidan, ni Ayuntamiento ni Generalidad la particular cruzada, encabezada y predicada por la señora Colau y los secesionistas, en contra del Ejército español, en cualquier lugar que se muestre, especialmente ahora en la Sierra de Collcerola, donde los movimientos y marchas de personal uniformado molestan y asustan, solo con verlos, a excursionistas, paseantes y niños de colegios próximos: han de saber ustedes que la avanzadilla de los cruzados –me refiero, claro está, a la CUP, la misma que ha propuesto derribar el monumento a Colón- formuló la propuesta de que la Policía Autonómica impidiera, manu militari, los desplazamientos de Unidades militares, y costó Dios y ayuda apearlos del burro…

Alguna alma cándida trató de explicar que las pequeñas maniobras por los montes cercanos a Barcelona eran imprescindibles para el adiestramiento antiterrorista; pobre e innecesaria explicación, ya que todos sabemos de la extraña inclinación del progresismo y del populismo hacia el Islam, cuanto más radical mejor, y del verdadero temor que suscita una Institución dedicada al servicio de España y de su unidad. Dejando para otra ocasión el animus iocandi –el horno no está para bollos-, fijémonos en que todo responde a una dolencia de naturaleza psiquiátrica que se manifiesta en tics ya vetustos, alguno de ellos ancestral: odio a todo aquello que pueda representar una idea de españolidad; intentos de reescribir la historia; revanchismo demencial; animadversión a lo que pueda representar valores de abnegación, disciplina, sentido del deber y esfuerzo; rechazo a lo que implique universalidad y apertura, y complacencia narcisista con la Pequeña Aldea; omisión de las verdaderas necesidades del ciudadano, y, por supuesto, enormes dosis de cursilería.

Volviendo a la anécdota, nos imaginamos que una nueva señal de alarma se habrá encendido entre las filas populistas y separatistas al anuncio de que el presto y diligente Tribunal Constitucional se plantea (¡desde el 2005!) dejar sin efecto la prohibición de los espectáculos taurinos en el mapa catalán.