Los usufructuarios del Gobierno de España abonaron ayer a los delegados de Puigdemont −nudo propietario− otra mordida que prorroga su estancia en el Consejo de Ministros. Los siete de Junts no votaron o se abstuvieron en las convalidaciones de los tres primeros reales decretos-leyes de la legislatura. Facilitaban así la aprobación de dos de ellos a cambio de contrapartidas negociadas bajo mano que perfeccionan el contrato leonino suscrito por Waterloo y Moncloa en Bruselas: reforma de la ley de sociedades de capital para presionar a las empresas que en 2017 trasladaron su domicilio fuera de Cataluña, nueva ronda de inversiones, ventajas fiscales a la carta, gestión integral de la inmigración, publicación de las “balanzas fiscales” y −palmaria ilegalidad− eliminación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativa a la cuestión prejudicial europea. Se dejaba en manos de Podemos el resultado final de las convalidaciones; la tentación de honrar la nomenclatura “plurinacional” del “Grupo Parlamentario SUMAR” resultó irresistible: los cinco de la “nación podemita” marcaron distancia con el resto de tribus hermanas y tumbaron las medidas de su vicepresidenta segunda –“gobernar es muy difícil”− relativas al subsidio de desempleo. Gobierno de coalición, sí; pero, ante todo, plural y diverso. La de ayer fue una jornada en que pudimos comprobar lo que vale la “seguridad jurídica” invocada por los portavoces gubernamentales estos días.

Cada vez que el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida, tira de consigna y la última era esa: proclamar la inquebrantable adhesión del Ejecutivo a la “seguridad jurídica”, norte de su proceder. Mal asunto lo de nombrar la soga en casa del ahorcado. “Seguridad jurídica”: expresión extraña en boca de los perpetradores de la ley del ‘sí es sí’; los redactores de la ley de vivienda, tolerante con la ‘okupación’; los responsables de dos estados de alarma inconstitucionales y una ley de amnistía anticonstitucional; los fabricantes de entornos regulatorios que incentivan el exilio empresarial; los que deforman el Código Penal al gusto del delincuente; los empeñados en una colonización institucional sin precedentes. Y, para mayor escarnio, se inciensa la “seguridad jurídica” en el altar de una convalidación de reales decretos-leyes. ¡Por quien lleva haciendo de un procedimiento excepcional una rutina antijurídica!

Es una mala broma que hablen de “seguridad jurídica”, además, los culpables de una retracción de la inversión extranjera que ha llegado al 50% durante buena parte de su mandato. Ahí están, por otra parte, las evaluaciones del Banco Mundial sobre calidad del Estado de derecho o las referidas a la independencia judicial, el imperio de la ley y la estabilidad política que elaboran anualmente la Property Rights Alliance y el Instituto de Estudios Económicos, entre otros organismos. Lo de ayer no las mejorará.

Tal vez en la neolengua sanchista “seguridad jurídica” denote lo contrario de aquello de Montesquieu: “la libertad consiste en la seguridad, o al menos en la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad” (Espíritu de las leyes, XII,2). Ya se ve que cuando este Gobierno habla de “seguridad jurídica” hay que echarse a temblar. Nada nuevo. ¿Hemos olvidado ya la “declaración de Pedralbes”, donde mencionar la “seguridad jurídica” servía para obviar la Constitución como “marco” en los apaños de Sánchez con Torra?

Ayer, en primera vuelta, la mayoría “progresista” fragmentó su voto: un decreto convalidado, otro tumbado y un tercero empatado. Por lo demás, esta era la “seguridad jurídica” esperable: legislar como quien rellena quinielas, tachando todas las casillas: 1X2. Lo más seguro seguirá siendo atender al pulgar del fugitivo de Waterloo.