Miguel Massanet Bosch. Parece ser, según la avalancha de distintas consultas, sobre perspectivas de voto, llevadas a cabo a petición de los medios informativos interesados en seguir de cerca la campaña (aún precampaña, aunque no lo parezca por la intensidad y empeño que los distintos partidos ponen en ir trabajando al electorado con sus respectivas ofertas electorales) que, con extraordinaria virulencia, si es que debemos fiarnos de la extraordinaria dureza de los mensajes que se cruzan entre los distintos candidatos, las descalificaciones que mutuamente se dedican y las formas, más propias de riñas callejeras o broncas entre personajes de baja estofa que de personas de las que se podría presumir que sus estudios, sus educaciones y su sentido de la responsabilidad y respeto hacia el país al que representan, les habrían dado una pátina de civilización que les permitiera debatir entre ellos sin asemejarse por el vocabulario utilizado, los argumentos, insultos y obscenidades, con los que se han obsequiado; más que a representantes del pueblo español dedicados a resolver los problemas, en ocasiones graves problemas, de los ciudadanos y del reino de España, se han asemejado a burdos patanes de garitos de barrios arrabaleros de delincuentes, dirimiendo entre sí sus diferencias; a los que, inauditamente, las distintas muestras del electorado consultadas están dando una clara ventaja al partido socialista liderado por el señor Pedro Sánchez.

Es evidente que, en otras ocasiones, si los acontecimientos que hubieran conducido a la convocatoria de las elecciones del 28 de Abril hubieran sido otros; si los antecedentes no fueran los que han sido y los ocho meses en los que este gobierno provisional, perfectamente legítimo, hubiera sido capaz de cumplir con las promesas que hizo, en lugar de que los miembros y el mismo presidente del nuevo gobierno socialista, en lugar de dedicarse a resolver los problemas que venían afectando a la mayoría del pueblo español y de estar atento a no incrementar el gasto público en unos momentos en los que, como sucedió en tiempos del inefable Zapatero, existe una real y peligrosa amenaza de que nos volvamos a adentrar en una nueva crisis económica que, por si fuera necesario aclarar la posibilidad apuntada, ya se está empezando a notar en naciones como Alemania ( la locomotora de Europa) y en Italia; cuando la primera sufre una recesión que está ralentizando su economía y la segunda está pasando por una etapa de desconcierto que amenaza con llevarla  hacia su propia autodestrucción si no toman medidas para estabilizar la situación, extraordinariamente complicada, en la que se encuentra comprometido un gobierno de coalición, formado por la extraordinaria conjunción de la extrema derecha y la extrema izquierda italianas que, entre otras circunstancias desfavorables a las que se ven obligados a hacer frente, están las escasas posibilidades de que sus políticas económicas, contención del gasto público y control de sus déficits, lleguen a convencer a la CE.

La realidad de que, durante los meses posteriores a la moción de censura que llevó al señor P.Sánchez a la presidencia del gobierno de España, su gobierno socialista, respaldado por sólo 84 escaños en las Cortes españolas, necesitado del apoyo de todos los partidos minoritarios, incluido el de los comunistas de Podemos y los separatistas catalanes; se ha visto obligado, para ir salvando sus propuestas legislativas sin correr el riesgo de que en el Parlamento del país se las tumbara, incluso por aquellos mismos que contribuyeron con su voto a que ganara la moción de censura; a ir utilizando, en todas aquellas resoluciones que debieran de ser expresadas en proyectos de ley, presentados ante el Parlamento de la nación, para intentar  irlas salvando recurrir  al procedimiento extraordinario, solamente utilizable en casos de gran premura, extraordinaria urgencia y situaciones muy especiales, del decreto-Ley ( posteriormente convalidable por las Cortes, quienes debieran haber tenido la posibilidad de debatirlos, poner enmiendas y, en su caso rechazarlos) Como ya hemos comentado en otras ocasiones, le cuesta mucho al ciudadano de a pie entender que, esta medida por la que se le hurtan al Parlamento sus funciones legislativas, no haya sido denunciada ante el TC como fraude de Ley constitucional.

Pero si este procedimiento, utilizado por el señor P.Sánchez, rondando los límites entre lo legal y lo ilegal, ya de por sí es criticable, todavía lo sería más si, existiendo en España la obligación de vigilar el déficit público, controlado desde Europa y con la advertencia de que, nuestra Deuda Pública, está sobredimensionada con el peligro de que llegue un momento en que no esté debidamente garantizada y, en consecuencia, con el deber del Estado español de irla rebajando ( todo lo contrario de lo que se está haciendo). La realidad, lo que viene haciendo nuestro nuevo gobierno socialista, no es más que dictar medidas, promulgar decretos ley y  modificar la normativa actual, en todo aquello que significa incrementar el gasto social del Estado español para, en esta precampaña electoral que, comenzó desde el día siguiente al que ganaron su moción de censura, para los señores socialistas del señor P.Sánchez y sus ejecutiva, convertir todas las reuniones semanales del pleno del Gobierno, en días en los que ir repartiendo dinero, a troche y moche, para favorecer, principalmente a todos aquellos que pueden ofrecerles su voto ante los próximos comicios legislativos; de modo que ya han ido repartiendo y siguen en la misma tesitura cuando, el sentido común y la Junta electoral ya debieran de haber llegado a la conclusión de que, un Gobierno en periodo electoral y, todavía más, cuando hablamos de la diputación permanente, se debería limitar a ir solucionado cuestiones de trámite y nunca, como están haciendo con todo descaro, ir repartiendo dinero ( lo que han comprometido los socialistas durante el periodo que han venido gobernando, ya asciende a friolera de 16.000 millones de euros). Esta será la herencia que les van a dejar a sus sucesores, si es que perdieran las elecciones y esta va a ser la comprometida situación a la que van a tener que enfrentarse si, como anuncian las encuestas, consiguen ganar las elecciones y gobernar. Entonces no les van a valer haber prometido al pueblo imposibles, sino que van a tener que responder de todo aquello que prometieron y no pudieron dar.

Pero existe otra circunstancia que no parece preocupar demasiado a los españoles y que, sin embargo, va a tener una importancia decisiva en las relaciones de nuestra nación con el resto de países de la UE. Nadie ignora la postura del Parlamento Europeo respeto a la necesidad de que los países englobados en el mismo cumplan con los límites de gasto, de endeudamiento y de déficit económico y de todo es conocida la advertencia que se le hizo a España de que los presupuestos presentados por el Gobierno socialista fueron objeto de críticas y de reservas respecto a cómo se podrían obtener los ingresos necesarios para poder cumplir con todos los incrementos del gasto social que se contemplaban en aquellos PGE que, por cierto, luego no fueron aprobados por el Congreso y, en consecuencia, este 2019 se han tenido que prorrogar aquellos viejos presupuestos que había aprobado del PP antes de ser apartado del Gobierno. Independientemente, existe la evidencia de que, con los impuestos actuales es materialmente imposible que todas las mejoras que los socialistas han ido vendiendo a los españoles para así conseguir sus votos, puedan ser cumplidos por el nuevo gobierno que salga de las urnas, como no sea aumentando la cuantías de la recaudación por impuestos algo que sólo se consigue incrementando las tarifas de los actuales (IVA, IRPF, IS, I Patrimonio, etc.) y creando nuevos impuestos, como el que se anunció sobre el diésel, la gasolina, la segunda vivienda, las entradas a las grandes ciudades, etc. Todo ello aparte de lo que ya se ha puesto en marcha, consistente en darles nuevas facultades a las comunidades autónomas para que sean ellas, por su parte, las que incrementen los impuestos estatales, como la parte que les corresponde a cada una de ellas sobre el IRPF o todas aquellas que tienen que ver con el IBI y demás tasas municipales e impuestos de circulación; aparte de las facultades que tienen delegadas respecto a la incautación de viviendas mediante el procedimiento de expropiación.

Sin embargo, hay algo que tiene mucho que ver con el trabajo, el empleo, la marcha de las industrias, las exportaciones, la rentabilidad, la productividad y los salarios de los trabajadores. Cuando el gobierno de turno decidió aumentar el SM a 900 euros mensuales se pensó por muchos ciudadanos que sería una medida que afectaría a pocos trabajadores, que apenas tendría repercusión en el gasto social y que sería fácilmente asimilable por los empresarios españoles. No obstante, este aumento que en teoría no debería afectarnos, tiene algunas particularidades como que, con la subida del salario mínimo, España se distancia de los costes laborales de los países del sur de Europa y se coloca en el grupo de países europeos con mano de obra más cara. Esos países ocupan mejores puestos en el índice de competitividad. Por otra parte, con toda seguridad, limitará la contratación de nuevos trabajadores por las empresas, especialmente por aquellas que tengan poco personal y necesiten contratar a nuevos obreros que se verán obligadas a pagar salarios superiores a los que venían abonado hasta ahora. En realidad, la anunciada supresión de la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del señor Rajoy, por el actual gobierno del señor P.Sánchez y que no ha sido llevada a cabo a causa de que les ha sido imposible hacerlo por motivo de la convocación de elecciones; si ganara de nuevo el PSOE es evidente que, entre las primera medidas adoptadas por el gobierno , si este fuera el PSOE o cualquiera del que dependiese para gobernar se lo pidiera, sería derogar aquella medida, que tanto ha favorecido la contratación que ha tenido lugar, desde que el PP asumió el nuevo gobierno en 2011, y que ahora, dado que aquella medida fue debida a una de las exigencias de Europa para concedernos ayuda, si los nuevos gobernantes decidieran anularla, habría que ver lo que opinarían los señores del Consejo de Europa de que aquella medida de austeridad fuera retirada por un nuevo gobierno que ha convertido su oferta electoral en elevar, de una manera harto temeraria, el importe del aumento de su gasto social, algo que no puede compaginarse con un periodo de recuperación de una crisis y, mucho menos, si lo que se viene anunciando es una contracción de mercados que, fácilmente, nos pueda llevar a una nueva crisis económica dentro de unos meses.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos es imposible entender como lo que lleva sucediendo en nuestro país desde hace unos años; los cambios radicales que se han ido produciendo en corto espacio de tiempo, como el peligroso retorno de un comunismo radical de inspiración suramericana, potenciado desde Venezuela; la evidencia incontestable  de que el problema catalán, menospreciando desde los gobierno de Madrid pensando que, en cualquier momento que se lo propusiera, lo podrían controlar fácilmente; el hecho de que, en España, tenemos al frente del gobierno de la nación a un peligroso extremista, ególatra, rencoroso, antipatriota y dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerse con el poder, que no va a tener capacidad ( como lo está demostrando con esta campaña de ir cediendo y prometiendo cosas que sabe que no podrá cumplir)de evitar, empujado por sus socios de Podemos -que como consecuencia de la asunción por parte de ellos de los postulados feministas ha encontrado una fuente de votos cuando, sólo hace unos pocos días, las encuestas les pronosticaban unos resultados desastrosos -, el verse impelido a cumplir con todo lo que prometió. Es momento de no decaer, de afirmarnos en nuestras ideas moderadas y de formar un bloque que permita que las derechas, en España, no entreguen el gobierno a las manos de unos grupos de comunistas y separatistas que sólo esperan ganar para poner en práctica las viejas y obsoletas prácticas comunistas, mediante la consigna del imaginario reparto de bienes que siempre, como algunos ya parece que han llevado a cabo antes, inclusive, de que las elecciones les hayan dado el poder. Vean el gran caserón que se ha comprado el señor Pablo Iglesias en un lugar privilegiado de los alrededores de Madrid y vean al señor Zapatero, el gran causante del desastre que le ocurrió a España en el 2011 y que motivo las elecciones que dieron el poder al PP; así como la gran casona que se ha comprado Rodríguez Zapatero, para él y su familia, en la zona de Aravaca
(Madrid), por la que ha pagado 800.000 euros (se ve que relacionarse con Maduro resulta rentable). Creo que hay materia más que suficiente para pensarlo detenidamente ante de darles el voto a semejantes politicastros.