Manuel Parra Celaya. Cuando los estudiantes de hoy se acercan al estudio de la Europa medieval y renacentista, una de las cosas que más le llama la atención es la capacidad de los soberanos de aquellos lejanas épocas para disponer a su antojo de territorios, que eran considerados como patrimonio de una persona o de una dinastía; todo ello en el supuesto, claro, de que se siga estudiando la historia lejana, pues ya sabemos que el tema estrella de la pedagogía al uso son las llamadas competencias, lo que no estaría mal si no fuera en detrimento de la transmisión cultural.
 En efecto, el soberano se consideraba dueño de aquello que le había correspondido por herencia o por rapiña, que de todo había, y, por tanto, regía el principio Quod principi placuit legis habet vigorem: lo que agrada al príncipe tiene vigor de ley (que me molesto en traducir porque, igualmente, el latín no forma parte esencial hoy de esas competencias que constituyen el busilis de cualquier evaluación educativa).
 Así, no nos puede extrañar ese intrincado mosaico que resultó de particiones, anexiones, dotes y regalos, y que constituye (o constituía) un auténtico martirio para el estudiante. Todo ello se nos aparece hoy, no solo como chocante, sino como absurdo, casi demencial, y nos compadecemos instintivamente de los sufridos pobladores de aquellos territorios enajenados por voluntad regia, por ese supuesto derecho divino, que, por cierto, la Iglesia nunca aceptó como doctrina.
 No suscitan la misma compasión las situaciones políticas que suscita, en la actualidad, la sustitución de ese pretendido derecho divino de los reyes por el no menos divino, aunque rigurosamente laico, de los pueblos. En nombre de la democracia, algunos proclaman el derecho, en un momento dado de la historia, para asolar la tarea colectiva de muchas generaciones precedentes y, en consecuencia, para sustraer parte de la herencia a las venideras. El lema puede ser, ahora, el no menos añejo de El pueblo no necesita tener razón para validar sus actos. A una soberanía le ha sustituido otra, que es lo mismo que decir que una tiranía es reemplazada por otra, no menos injusta.
 Las Naciones-Estado  -España en nuestro caso- no son patrimonio ni de una dinastía ni de un gobernante, pero tampoco lo son de una generación determinada, que, seducida por los sofismas de una oligarquía, puede hacer mangas y capirotes del esfuerzo (y de la sangre) de sus antecesores. Ni una parte de una Nación -Cataluña en mi caso- puede atribuirse ese derecho divino de romper una unidad de siglos, ni el conjunto de todos los españoles tendría legitimidad histórica y ética para aprobarlo en su caso, por mucho que lo proclamen constituciones, parlamentos y gobernantes, siempre transitorios, de esa nación.
 Los proyectos secesionistas de la oligarquía que preside -es un decir- el Sr. Mas son anunciados diariamente a bombo y platillo sin que ningún tribunal intervenga ni lo hagan los supuestos valedores de la unidad española; la única respuesta que suele recibir son razones económicas o argumentaciones legalistas, entre las que destaca la de que, en todo caso, deben ser todos los ciudadanos españoles quienes se pronuncien sobre la separación de un pedazo de España.
 Pues bien, este modesto articulista afirma rotundamente que, aunque pudiera darse la situación de que una mayoría de españoles, tan enajenados, seducidos o indiferentes como ese sector de catalanes que sigue al President y sus acólitos, se pronunciara algún día a favor de las propuestas separatistas, ello constituiría un verdadera atentado contra la racionalidad y contra la historia; no me empacho, incluso, de calificarlo como auténtico delito histórico, delito contra quienes nos precedieron y contra los que nos sucederán, entre ellos mis hijos, que tienen a gala -a Dios gracias- sentirse y pensarse españoles por el hecho, en su caso concreto, de ser catalanes.
 España no nos pertenece en exclusiva a esta generación. La democracia nos debe permitir opinar sobre cuestiones secundarias, aunque importantes, sobre quiénes nos deben gobernar o no, sobre situaciones coyunturales o legales, pero no tiene prerrogativas sobre la propia existencia de España, a riesgo de degenerar en esa democracia morbosa (esto es, enferma) que rechazó con firmeza el liberalismo de Ortega y Gasset. La democracia es la forma de gobierno y de vivir en sociedad que hemos elegido los españoles en función de tales, no como expendedora de un acta de defunción de España, con la fecha en blanco, para que las veleidades o locuras temporales de una determinada generación la firmen cuando les venga en gana.
                                                      MANUEL PARRA CELAYA