Manuel Parra Celaya. Según parece, en esta confusa etapa política caracterizada por el diálogo y las concesiones mutuas, se está alcanzando un cierto consenso en cuanto a la Enseñanza. De vez en cuando, trascienden a los medios los aspectos más llamativos y populares, para que Juan Español respire y se entere de que vamos por el buen camino. De este modo, nos hemos enterado de que las temibles reválidas previstas en la non nata LOMCE han pasado a mejor vida, de que no es necesario de que sufrido alumno de la ESO llegue al 5 de nota media para obtener el mismo título que aquel que se ha esforzado en obtener buenas notas, de que es posible titularse con dos asignaturas suspendidas de forma inmisericorde y de que, en el menguado y ridículo bachillerato que nos impusieron, la Literatura ha adquirido la misma cualidad de maría que ya tienen el latín, el griego y la filosofía.

Esta política educativa consensuada debe constituir el objetivo de la repetida consigna progresista que preside todas las manifestaciones del llamado Sindicato de Estudiantes y que adorna, en forma de pancartas y pasquines, muchos Institutos y Universidades: Queremos una Enseñanza Pública de calidad. Es sorprendente, de entrada, que todos los partidos políticos, tan variopintos ellos y tan picajosos en otros temas, estén de acuerdo en lo que respecta al sistema educativo.

¿Ninguno se permite objeciones o discrepancias? Pero más curioso aun es que profesores y padres de alumnos participen de este alborozado consenso, que prolonga en el tiempo, incide y profundiza, si cabe, en las mismas líneas pseudopedagógicas que han llevado a la enseñanza española a ser modelo de martillo de los estudiosos, luz de la ignorancia y espada de los vagos. ¿Es que nadie discrepa en voz alta? ¿Es que, al modo quevediano, nadie se atreve a decir lo que se siente y todos se conforman y someten a sentir lo que se dice? ¿Es que las protestas, los berrinches y las depresiones de los docentes deben seguir quedando encerradas en las cuatro paredes de la sala de profesores o en el boca-oído vergonzante de las reuniones de departamento escolar? ¿Es que las quejas de los padres conscientes de ser los últimos responsables de la educación de sus hijos deben seguir quedando reducidas a la intimidad matrimonial? ¿Nadie de esta sociedad de la insensatez, la plebeyez y la picaresca discrepa ante este consenso político? Permítanme que este profesor jubilado, proveniente de otra Enseñanza Pública en todos sus estudios y que ha ejercido, sin callarse, su actividad profesional en esas mismas aulas, se muestre partidario del disenso.

Disenso en cuanto al igualitarismo a ultranza -cada vez hacia cotas más bajas- que, lejos de favorecer a los alumnos provenientes de los ámbitos más humildes, los predestina a permanecer en una escala social ínfima. Disenso en cuando al desprecio generalizado hacia la cultura del esfuerzo y la educación de la voluntad, cuyas ausencias convertirán a nuestros escolares, exclusivamente, en futuros consumidores y, eso sí, votantes ideales para los políticos. Disenso en cuanto a la sospecha políticamente correcta de que la Cultura transmitida es alienante para el niño y que debe ser suplida por la creatividad y la espontaneidad. Disenso en cuanto a la incardinación de la pedagogía hacia conductismos, constructivismos y economicismos escolares -donde el alumno pasa a la condición de animalito doméstico, de tontito básico y de cliente, respectivamente-, así como de sus respectivas jergas pseudocientíficas de moda. Disenso en cuanto a la estupidez de que los políticos prohíban manu militari o simplemente legislen sobre los deberes escolares en casa. Disenso en cuanto a la aberración de excluir el concepto y la práctica de la autoridad en la escuela, esa que siempre debe presidir la tarea del profesor. Disenso en cuanto a la falacia de las estadísticas oficiales, instalada sobre la mentira de los aprobados más o menos generales (ahora se llama promocionar) y las presiones de las Administraciones educativas para ello. Disenso en cuanto a que la enseñanza siga siendo un corralito de las Autonomías, en lugar de ser reintegrada a la responsabilidad del Estado. Disenso, en suma, en contra de institucionalizar la mediocridad en España, como garantía de continuidad de este estado de cosas.