Luis Losada Pescador Justo tras el anuncio del Supremo de la imputación de Homs por prevaricación y desobediencia “de manera obstinada y pertinaz”, Junts pel si y las CUP anuncian una ‘Ley de Transitoriedad Jurídica’ que supuestamente daría cobertura legal al referéndum.

Desde el punto de vista legal no hay duda de su ilegitimidad. Una ley autonómica no puede contradecir la Constitución por el principio de jerarquía normativa. Un órdago a la grande sin cartas. O no, que diría Rajoy…

El asunto es fácil para los Abogados del Estado. Salvo un pequeño detalle: la ley catalana se ha anunciado pero no se ha presentado. Sin hecho, no hay posible juicio. ‘Sólo’ hay clara y abierta deslealtad institucional.

Y ese es un concepto jurídico indeterminado. Así que volvemos a la casilla de salida que no es otra que el conflicto político con Cataluña. Desde hace 40 años la democracia española ha tratado de que Cataluña se sienta a gusto en España.

Hemos descentralizado a niveles que ningún estado federal ha llegado. Hemos cedido hasta la humillación. El resultado es el desprecio, el desplante y la deslealtad.

Ya lo advirtió hace años el sabio de Julián Marías: “no hay que tratar de contentar a quien no se quiere contentar”. ¿Cuál es la solución?

La ‘operación diálogo’ está bien, pero como es evidente, resulta insuficiente. Los abogados del Estado y el Tribunal Constitucional son buenos instrumentos, pero -de nuevo- insuficientes.

El problema de origen se encuentra en el sistema, diseñado para sobreponderar a los nacionalistas y hacer depender al gobierno central de su voluntad para la gobernabilidad nacional. Ni Felipe -ni mucho menos Aznar- hubieran cedido si no hubiera sido por un sistema que les hacía rehenes de quienes odiaban a España y habían convertido el separatismo en su ‘modus vivendi’ político y personal.

La actual aritmética parlamentaria lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad. Pero exige altura de miras, generosidad y patriotismo. Será un buen test.

Ciudadanos debe definir si realmente quiere cerrar la sangría nacionalista u opta por el compadreo al que parece haberse abonado Arrimadas. Podemos tiene que decidir si su ‘patriotismo’ es real u optan por una Ada Colau indefinida en esta materia. Sus bases en Cataluña reclaman españolismo. Pero su dirigencia no piensa lo mismo. ¿Por qué no consultan a sus bases?

Lo mismo le pasa al PSOE. Su base electoral ha sido el cinturón obrero de Barcelona y la feria de abril. Pero su dirigencia es la misma burguesía catalana de la antigua Convergencia. El PSOE sabe -o sabía- que para gobernar en Madrid necesita sus dos feudos: Andalucía y Cataluña. Y eso explica por qué Maragall compitió en ser más nacionalista que Pujol y la actual indefinición.

Cuando el PSOE salga de la UVI y regrese a planta deberán decidir qué modelo quieren para España. Y más concretamente, si están dispuestos a una reforma del sistema que libere a Madrid del secuestro nacionalista. Todo lo demás, son fuegos artificiales de fin de año.

El anzuelo del pescador

Butifarrada convertida en referéndum.

El PP está muy molesto porque los nacionalistas les habían vendido por activa y por pasiva que el 9N iba a ser una ‘butifarrada’… y se lo creyeron. Desde entonces su palabra se ha devaluado. Las mentiras tienen las patas cortas…

PP, enfermero del PSOE.

Está al pie de la UVI esperando que el paciente pueda pasar a planta. Han acordado las cuentas y la reforma de la Comisión de Competencia. ¿Y Ciudadanos? Ante el ataque de celos, Moncloa le ha prometido a Rivera una foto de presupuestos. Y punto. ¿Objetivo? Materializar la irrelevancia de los ‘naranjitos’.

Bronca patronal.

La CEOE amenaza con llevar al gobierno al Constitucional por el decreto Ley del impuesto de Sociedades. Aseguran que vulnera derechos fundamentales al establecer retroactividad. Mientras, Rajoy dice querer pactar la reforma laboral con sindicatos y empresarios. Una de cal y otra de arena…

Madrid no quiere ser Niza ni Berlín.

El Ayuntamiento de Madrid ha prohibido la circulación de camiones del 3 al 5 de enero. ¿Tomaron esta decisión con información de delegación del gobierno o es una nueva ocurrencia de Carmena? Por cierto, ¿más de 1.000 multas en poco más de 12 horas han logrado bajar los niveles de contaminación?