Consecuencias y peligros de darles responsabilidades a activistas, progres y agitadores políticos
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Miguel Massanet Bosch. Cuando uno se dedica a comprobar lo que está sucediendo en ciudades, como Barcelona o Madrid, en las que sus respectivos ayuntamientos han ido a parar a manos de personajes que nunca en su vida hubieran soñado ocupar cargos de tanta responsabilidad y que se vinieron destacando, antes de meterse en el juego político de los partidos, por sus ideas extremistas, sus currículum antisistema y sus andanzas, como ha sido el caso de Ada Colau, en el ámbito de la protesta callejera, la resistencia a las autoridades y la falta de respeto por las leyes del país; tiene ocasión de ver lo que, unos personajes sin la preparación para gobernar urbes importantes, motivados por sus fanatismos particulares y completos desconocedores de las consecuencias de que decisiones imprudentes, actos improvisados, reformas poco meditadas y despilfarros en el destino de ayudas o gastos innecesarios que, para poderlos cubrir, es preciso cargar la fiscalidad de los ciudadanos con impuestos, tasas, arbitrios y toda clase de imposiciones de carácter recaudatorio, que sólo consiguen `perjudicar a la ciudadanía y hacer insostenible cualquier plan sensato al que pudieran haberse dedicado los recursos públicos que se han dilapidado por quienes tienen la incumbencia de velar por el progreso y mejora de la urbe que han recibido, para su buena administración. Señoras como Ada Colau, Manuela Carmena han demostrado, apenas transcurridos los 100 días de ocupar sus cargos, la incompetencia con la que han manejado los temas ciudadanos.
Sus intentos de darle un formato asambleario a las decisiones importantes que deban afectar a las infraestructuras urbanas; la circulación; las plantillas de funcionarios; la elección de colaboradores (muchos de ellos fruto del más descarado nepotismo); la distribución de las ayudas sociales y la falta de sentido común en la atribución de las partidas presupuestarias a sus fines específicos, han demostrado que ninguna de ellas ha estado preparada para la tarea de dirigir ciudades tan importantes que son capaces de generar problemas de difícil solución si no se sabe y no se tienen los conocimientos precisos para poder solventarlos.
Las continuas rectificaciones a las que ambas han debido someter sus impulsivas decisiones, los daños causados a la ciudadanía en determinaciones, como las que afectan a los “top mantas”, motivos de gran descontento entre los comerciantes; los graves perjuicios de la moratoria que ha afectado a las actividades turísticas en Barcelona, consecuencia de la cual se han perdido millones de euros por las empresas perjudicadas, que han decidido demandar a la Administración para reclamar las indemnizaciones oportunas, así como otras muchas acciones y protestas puestas en marchas por diversos colectivos perjudicados; demuestran que quienes prometieron avances, hasta ahora lo único que han conseguido es provocar retrasos innecesarios, perjuicios imperdonables y descontento generalizado ente los ciudadanos afectados por su incapacidad para gestionar sus responsabilidades en el cargo.
Sin embargo, dónde de verdad se está produciendo el verdadero caos, el despiporren político y el más burdo sistema de gobierno ha sido, sin duda, en el Parlamento catalán y en quienes lo van a ocupar, en virtud de los resultados electorales del 27N, que no han sido capaces de asimilar la victoria conseguida por el grupo de “Junts pel Si”, una amalgama de CDC, ERC, Asamblea Nacional de Catalunya y otro grupo inconformista y catalanista denominado Omnium Cultural, que presentaron las elecciones autonómicas desde un punto de vista de consulta popular por el “si” o el “no” al proceso independentista catalán y que, por mucho que ahora intenten darle la vuelta al argumento, perdieron los del “sí” por haber sido ampliamente superados por los que votaron “no”. Al querer darles, a los escaños conseguidos, el carácter plebiscitario que les negaron los votos de los ciudadanos; han forzado al Parlamento catalán a convertirse, para poder proseguir su carrera independentista, en el órgano que ellos consideran legitimado para poder declarar, tal y como lo propuso su nueva presidenta, la señora Carmen Forcadell, –una exaltada nacionalista que no atiende a razones y que confunde su papel de líder en la Asamblea Nacional Catalana, un órgano de aparato separatista destinado a fomentar, por todos los medios a su alcance, el desafío catalanista al Estado de Derecho y la desobediencia activa y pasiva a todo lo que procediera del Estado español, con su nuevo papel, en esta ocasión un lugar en el que se expresa la voluntad popular – cuando dejó claro la propuesta que se iba a votar el dia 9, el de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat si, para aquella fiesta, ya se han puesto de acuerdo sobre la persona ( Artur Mas u otro) en la que deberá recaer tal designación; concretada a aquella frase que, con tanto énfasis y pretendida solemnidad, se atrevió a pronunciar: “La proclamación de la República Independiente de Catalunya”.
Parece que, en esta ocasión, los separatistas han avanzado un paso más, una decisiva zancada hacia las arenas movedizas que, imprudentemente, han comenzado a pisar. A diferencia de las otras ocasiones en las que, el Gobierno del señor Rajoy, ha permitido que se les subieran a las barbas parece que, en esta ocasión (al menos queremos pensar que será así), tiene preparada una batería de respuestas constitucionales, medidas y comprobadas, para ir respondiendo, paso a paso, a cada una de las arbitrariedades que los separatistas estén dispuestos a plantear.
Y, en este caso que nos ocupa, parece que los que están situados en primera fila, para ser destinatarios de la acción de la Justicia española, son la señora Carmen Forcadell y aquellos que la acompañen en su pronunciamiento en contra de la unidad de España, su anuncio del propósito de incumplir las leyes españolas, las sentencias de los tribunales y las resoluciones del TC, una de las cuales parece evidente que va a ser la de declarar nula cualquier declaración que se pronuncie a este respecto. Parece obvio que, en esta resolución que parece que se avecina, existen los elementos suficientes para considerar que, aquellos que se involucren en ella, podrán ser considerados responsables de: desobediencia, prevaricación, incitación a la sedición, deslealtad y toda una serie de ilícitos penales que los van a poner a las puertas de la Modelo si los tribunales, los fiscales y la fuerzas de orden público actúan de acuerdo con lo que se les exige por parte de la Justicia española, la acaten o no los presuntos culpables de tales infracciones del ordenamiento jurídico.
Lo que sí parece cierto y existen muy pocas probabilidades en contra, es que los secesionistas están dispuestos a jugársela y, si es preciso, afrontar los efectos de la reacción del Gobierno y del mismo Tribunal Constitucional, con lo que, claramente, intentan utilizar el victimismo, el presentarse como mártires de la causa separatista y objetivo directo del “gobierno de Madrid” para privar a los catalanes de su “derecho democrático” a separase de la nación española. Este va a ser el quid de la cuestión catalana y así será como vamos a tener ocasión de ver el apoyo de estos partidos, que se han declarado en contra de la independencia unilateral proclamada por Catalunya, como son Ciudadanos, UPyD, PSOE, para que se pueda poner en marcha, si los catalanes no aceptan las resoluciones del TC como es evidente que no harán, la máquina de la Justicia, con todas las consecuencias que se puedan derivar en orden a la situación de los presuntos imputados. Qué duda cabe que, entre las reacciones que Mas y sus esbirros tienen previstas, una de ellas será el conseguir inflamar las calles de las ciudades importantes de Catalunya, para enfrentarse a la acción del Estado español.
Es muy posible que las fuerzas del orden tengan que enfrentarse a manifestaciones, ataques a bancos o a organismos públicos, asaltos a grandes superficies, robos, agresiones y todo tipo de salvajadas, con las que querrán dar a entender al Gobierno que no van a cesar en sus intentos separatistas. Será difícil, si se producen estos enfrentamientos que no se cause alguna víctima, seguramente provocada por los mismos organizadores de los tumultos, que pretenderán utilizarla para demostrar “la brutalidad de la represión”. Y aquí es donde precisamente se podrá ver si, de verdad, el apoyo al Gobierno es verdadero o se ha tratado de una escenificación que, cuando llegue el momento de la verdad, se disuelva en agua de borrajas.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que el tema catalán nos lleve a los españoles y más los que residimos en Catalunya, a una situación que pudiera llegar a ser insostenible. Esperemos que no se llegue a tanto.