Redacción Madrid. 7 de mayo. El diputado y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, debe pagar, por orden del juez, una fianza de 750.000 euros en calidad de responsabilidad pecunaria para hacer frente al pago en caso de ser condenado por su implicación en la trama de corrupción en torno al PP, conocido como el 'caso Gurtel'.
El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, acordó esta deci imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, al igual que los otros dos aforados y el resto de imputado que por ahora han declarado ante Pedreira desde que se hizo cargo del caso cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió en favor del TSJM al haber entre los implicados aforados y salirse de sus competencias.
En su escrito de competencia, el TSJM apuntaba, en base a la documentación remitida por Garzón, que López Viejo, Martín Vasco y Boch Tejedor pudieron percibir "importantes cantidades de dinero" por su mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas en la causa.
Según la documentación recogida en las diligencias, López Viejo aprovechó sus cargos públicos anteriores de viceconsejero de Presidencia para favorecer a alguna de esas empresas, y en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas.
Según las investigaciones desarrolladas Garzón, el ex consejero habría realizado operaciones con la trama dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros. La mecánica consistía en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa, ya que "para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público".
El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona "que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros".
El juez Pedreira también tomó hoy declaración a Antoine Sánchez, primo de Correa, que al igual que éste se encuentra en la madrileña prisión de Soto del Real desde hace tres meses. Estuvo dos horas en el despacho del juez y al finalizar éste le mantuvo la imputación de los seis delitos de los que vienen siendo acusados todos los implicados.
Su defensa solicitó la libertad que se resolverá por el juez por escrito cuando dé traslado a las fiscales e informen al respecto. En la jornada de hoy, también fue interrogado el empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez, que quedó en libertad sin medidas cautelares pero imputados por los seis delitos.