Ramiro Grau Morancho. Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Llamamos democracia a aquel sistema político en el que el gobierno se realiza por representantes elegidos por el pueblo. Es decir una forma de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, y los políticos son meros mandatarios, que actúan en nombre y representación de sus electores, el pueblo soberano.
          ¿España es una democracia? Parece evidente que no. Los políticos constituyen una clase aparte, una casta de intocables, absolutamente profesionalizados, que hacen de la política su única ocupación, y que van saltando de cargo en cargo, hasta la jubilación, como cualquier otro trabajador. Y, para más inri, muchos de ellos nunca han ejercido profesión u oficio que no sea la política, por lo que tienen un desconocimiento, total y absoluto, de la realidad social.
          Por no hablar de la escasa preparación intelectual y académica de una buena parte de nuestra clase política, que es inferior a la de cualquier demandante de empleo en el Inem, pese a lo cual se les nombra ministros o consejeros de estado, sin rubor alguno por parte de quien les nombra.
          El resultado está a la vista: ocurrencias y chorradas por doquier, estupideces dichas con voz grandilocuente, generalidades y vaguedades dichas sin ton ni son, y demagogia, mucha demagogia, convencidos como están de que el pueblo es todavía más tonto que ellos, que ya es decir. Confío y espero que tras el batacazo electoral del pasado día 24 de mayo, los dirigentes del PP se hayan dado cuenta de que los electores no son tan cortos como ellos suponían, aunque haya que elegir entre Guatemala-PP o Guatepeor-PSOE, teniendo en cuenta el sistema bipartidista que existe en España, pienso que por poco tiempo, pues vamos a pasar a un modelo de cuatro partidos estatales, incluyendo a Podemos y Ciudadanos.
          Tanto el legislativo como el ejecutivo tienen las mismas carencias de formación, y persiguen la búsqueda no del interés general, sino el interés particular, propio y privativo, de los respectivos partidos políticos, salvo honrosas excepciones, que también las hay. Pero excepciones, al fin y al cabo.
          ¿Y el poder judicial? Pues ni está ni se le espera. La administración de justicia ha pasado a ser eso, una administración más, con un buen número de jueces y fiscales que saltan alegremente de la política a la justicia y de la justicia a la política, siempre de la mano de un partido político al que deberán sus ascensos y cargos. Y las deudas hay que pagarlas… Menos mal que todavía quedan jueces y fiscales independientes, y auténticamente profesionales.
          Una Cataluña insolidaria con el resto de España, unas comunidades autónomas disfrutando de privilegios fiscales heredados del franquismo, como el País Vasco y Navarra, y dos focos separatistas en Cataluña y Vascongadas, sin que el Gobierno se atreva a coger el toro por los cuernos…
          Mientras tanto las competencias sanitarias, educativas e incluso policiales, se han ido dejando en manos de las autonomías, algunas de las cuales están creando auténticos cuerpos armados, que Dios quiera no utilicen algún día para defender su “independencia”
          ¿Tiene solución España? La verdad es que lo dudo.