Manuel Parra Celaya.
…hecha la trampa, dice un viejo adagio de uso extendido entre picapleitos, tramposos y, claro está, entre políticos (y perdonen la redundancia). Quiere decir que, para el avispado, siempre hay un subterfugio legal al que agarrarse, contenido en algún párrafo que el legislador incluyó en su día por error u omisión, y que fue aprobado por el Poder Legislativo en un momento en que Sus Señorías dormitaban más de lo habitual o se mostraban proclives, intencionadamente, al apaño.
Lo más grave y preocupante es cuando se da el caso de que el dicho puede aplicarse a la Ley de Leyes, es decir, a la Constitución, que debe ser el referente obligado para no caer en lo que antiguamente se llamaba contrafuero. Traducido en román paladino: cuando en el texto que organiza jurídica y políticamente una Nación pueden encerrarse gatuperios de tamaño natural; ahora nos explicamos las razones por las que Torcuato Fernández-Miranda se negó a estampar su firma en 1978.
Todo ello viene a cuento ahora porque resulta que el fugado de Waterloo, es decir, el Sr. Puigdemont, en su línea de chantajista irredento y -según lo califican algunos medios- de ministro plenipotenciario y sin cartera del gobierno de Sánchez, ha exigido a este la gestión integral de la inmigración, el poder fijar cupos de extranjeros y el efectuar deportaciones para la Generalidad catalana, así como el control fronterizo y aduanero para la policía autonómica en puertos y aeropuertos.
Concienzudo que es uno, vuelvo a abrir las páginas de la Constitución, que dicen vigente, y leo que, en el artículo 149 (Título VIII. Capítulo III), consta explícitamente entre las competencias exclusivas del Estado todo aquello que se refiere a “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” (2º punto), así como “el régimen aduanero y arancelario” (punto 10º).
Pero he aquí que los Padres de la Constitución incluyeron en el artículo 150.2. el siguiente texto: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes o materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Díganme los lectores si no se establece una clara contradicción entre ambos artículos, el que establece la exclusividad de competencias estatales y el que, graciosamente, concede su transferencia o delegación a las CC.AA. Claro que puedo estar en equivocado por no ser experto en Derecho Constitucional, pero sí, con modestia, en sentido común. Veamos cómo se sale de este laberinto el Sr. Sánchez, aunque nos lo sospechamos, dada su contumacia en ceder a los chantajes de sus socios.
Entre líneas, se ve clara la intención de expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuya presencia es incómoda para el nacionalismo separatista. También -y esto es pura imaginación del articulista, pero basada en precedentes- se trata de limitar la afluencia de hispanoamericanos, que son un caballo de Troya para los supremacistas del terruño y de acoger más islámicos, bien recibidos por su aparente ductilidad. Entre paréntesis: la existencia de “Aliança Catalana” responde al viejo truco de crear un enemigo al que sea fácil combatir…
Las exigencias de Puigdemont están en consonancia con aquel proyecto que diseñó hace años el Sr. Jordi Pujol, que consistía en ir caminando, sin prisas, hacia la secesión completa de Cataluña con respecto a España, y que se va cumpliendo inexorablemente en todos sus puntos, desde el control de la Educación y las Universidades, hasta el uso de la lengua como ariete político y la creación de embajadas en el extranjero.
Confiaba Pujol, y no se engañaba, en el entreguismo por parte de los débiles gobiernos democráticos españoles, y así fue, incluyendo el olvidado pacto del Majéstic con el Sr. Aznar, del PP, por cierto. Se suma a todo esto, al parecer, una proyectada rehabilitación política, y acaso jurídica, de don Jordi Pujol; ya predije hace tiempo que, o no iba a pisar los tribunales, o saldría de rositas, limpio de polvo y paja, aclamado por las huestes separatistas como un nuevo san juan bautista, y, en primera fila, el Sr. Illa, que para algo está.
La fantasmada de 2017, con aquel curioso referéndum, en el que se podía votar en varios colegios electorales y se guardaban las urnas en algunas parroquias, y la proclamación de la República Catalana pospuesta a los pocos segundos, fueron espantajos. La pretensión separatista tiene sombras mucho más alargadas, que se han puesto de manifiesto en los gobiernos, diz que socialistas, de Zapatero y de Sánchez.
Con verdadera tristeza voy comprobando día a día mis suspicacias, tanto sobre el texto constitucional, como sobre la pureza de intenciones durante la Transición; y mis evidencias sobre la hoja de ruta del separatismo. Me queda la duda de si se cumplirá la simpática boutade de mi amigo el profesor Barraycoa en cuanto a la existencia en el futuro de una República Islámica de Cataluña…