Gustavo Vidal. Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración. Defender un derecho es bueno, pero deja de serlo cuando para ello se conculca el legítimo derecho de otro/s. Tampoco debe olvidarse que nada es gratis y que los derechos se generan con deberes/obligaciones. Si uno reclama derechos pero incumple esos deberes/obligaciones está cargando injustamente el coste y las obligaciones en terceros.

Proclamar que no hay derechos sin deberes no solo no es reaccionario, sino muy progresista y por ello figura en la letra de La Internacional, himno poco sospechoso de reaccionario. Por su parte, la solidaridad es también algo muy bueno, pero cuando se exige deja de ser solidaridad y se pervierte. La antítesis de la solidaridad es la exigencia, toda vez que la voluntariedad es la esencia de la solidaridad. En este sentido, la PAH pretende irrumpir en la campaña electoral con unas medidas a las que de manera muy “democrática” califica sin sonrojo de exigencias.

Dado que exigir (requerir forzosamente) puede contradecir la esencia de la democracia, disfrazan dichas exigencias de “solidaridad” y “Derechos Humanos”. Pero un examen más allá de la superficie revela lo contrario, esto es, una sibilina insolidaridad y un ataque a los más elementales principios del Derecho y la libertad. Veamos ahora las mentadas “exigencias” que podrían resumirse así... “ACABAR CON LOS DESAHUCIOS”

Conviene recordar que un procedimiento de desahucio no es más que un litigio, generalmente entre dos partes, donde ambas reclaman la posesión de un bien inmueble. La parte que alega mejor derecho sobre el inmueble, interpone una demanda que se notifica en tiempo y forma al demandado con todas las garantías legales para oponerse y alegar sus razones y es finalmente un juez quien decide si el poseedor se queda o ha de abandonar el piso, procediendo al lanzamiento si quien pierde el pleito persiste de manera contumaz en incumplir la sentencia. Es entonces, y solo entonces, cuando se produce la actuación policial que, por cierto, cuesta bastante dinero y no lo paga quien se resiste a cumplir la sentencia, sino el resto de ciudadanos.

De manera muy demagógica y falaz, algunos proclaman: “El banco echa a Wendy Maleni (nombre imaginario) y sus tres hijos de su casa”. Esto es falso. Ni el banco echa (lo hace un juez tras un proceso con todas las garantías) ni la casa pertenece a Wendy Maleni. Por lo demás, en todos estos casos cabría preguntarse dónde está el padre de las criaturas, principal obligado de su sustento. Obviamente, la mera expresión “acabar con los desahucios” implica que una de las partes quedaría totalmente desprotegida en el caso de que un tercero se hiciera ilegalmente con la posesión de un bien de su propiedad. O, en el supuesto de haber accedido legalmente, dejare de cumplir las condiciones que le permiten el uso y disfrute del bien inmueble que en modo alguno le pertenece.

Es decir, se estaría dando carta blanca al asalto de los bienes ajenos y al incumplimiento de los contratos. Sin duda, puede resultar muy triste salir de un entorno habitacional pero esto no justifica vulnerar el mejor derecho de un tercero sobre el mismo. Dado que siempre habrá litigios posesorios de inmuebles y dado que solo una parte lleva razón, es evidente que debe procederse al desahucio de quien no lleve esa razón. Pretender que ser más débil económicamente implica llevar la razón nos conduciría a múltiples absurdos en cualquier escenario: p,ej, Un repartidor bebido se salta un stop e impacta su furgoneta contra un Mercedes, ¿daríamos la razón al repartidor por el mero hecho de ser más pobre que el dueño del Mercedes?

DACIÓN EN PAGO… RETROACTIVA

La dación en pago es algo previsto y regulado en la ley. De manera que quien quiera puede (o pudo) firmarla. Si a la firma de la hipoteca no se estableció la dación en pago no es porque estuviera prohibida, sino por imprevisión, desconocimiento o conveniencia. Nada impide que, a la firma del contrato de préstamo hipotecario, se pacte la dación en pago. Ahora bien, no olvidemos que lo que se ha pedido y se debe es dinero, no una vivienda. El banco o caja ha prestado dinero y espera la devolución del dinero, no de la vivienda. Por ello, cuando a la firma del préstamo hipotecario se incluye la dación en pago, el banco o caja incrementa los costes, toda vez que, en caso de impago, el banco no recibiría el dinero que salió de su caja, sino una vivienda que siempre estará devaluada, ya que de valer más la casa que el crédito debido, el hipotecado la vendería para saldar el préstamo y quedarse con la diferencia. Algo, por otra parte, totalmente lógico.

La “exigencia” de la PAH no puede, pues, resultar más insolidaria: Pido un crédito para comprar un piso. Si no puedo pagarlo pero el piso ha subido de precio, lo vendo, liquido el préstamo y, además, me quedo con la diferencia pero, ¡vaya por Dios! si ha bajado, que se quede el banco el piso (dación en pago) y que el “agujero” lo paguen otros (generalmente los accionistas o, en su caso, los depositantes mediante un incremento de las comisiones). Además, ya puestos, quiero quedarme en el mismo piso con “alquiler asequible” y suministros pagados por otros, obviamente. Y, eso sí, soy un “solidario” defensor de los Derechos Humanos (salvo el de la propiedad privada… si es la ajena).

Como vemos, tras esa aparente solidaridad realmente se esconden posicionamientos tremendamente pancistas que persiguen cargar en los demás (no en ellos mismos), los problemas generados por otros. Y si alguien replica se les moteja, además, de “inhumanos”, “insolidarios”, y toda estirpe de insultos.

Alquiler "estable" y “asequible”

Salvo un bajo porcentaje de alquileres de vivienda pública (de lo que habría mucho que hablar), los arrendamientos se firman entre particulares. El término alquiler “asequible” no es más que un eufemismo para conseguir un alquiler muy barato o semigratuito (de momento no se atreven a pedir la gratuitad aunque todo se andará). Pero las consecuencias de todo ello no son menores. Veamos… Por una parte, si el alquiler es convierte en “asequible” (es decir, muy barato), el propietario del inmueble, “sin comerlo ni beberlo”, ha de soportar esa parte del coste de la vida de un tercero.

Cargar a alguien con el mantenimiento no deseado de un extraño es un acto totalmente injusto e inaceptable, pues a buen seguro tendrá que mantenerse a sí mismo, sus hijos, padres mayores o amigos que también lo estén pasando muy mal. Es, en gran manera, insolidaridad… “que me costeen lo mío y el resto que se apañe”. Si, por el contrario, es el Estado (o sea, los demás ciudadanos) quien completa el coste del alquiler, es decir el que suple la parte que el inquilino no puede pagar, vuelve la pregunta inevitable: ¿por qué el Estado o sea, nosotros, los demás, hemos de mantener el inquilinato de terceros… es que no tenemos suficiente con mantenernos a nosotros mismos y a nuestros familiares y amigos en apuros, que no suelen ser pocos?, ¿por qué hay que detraer de los impuestos dedicados a pensiones, salud o educación para sostener la vida de otros? Es decir, bajo el buenista eufemismo de alquiler “asequible” se está pidiendo que los demás costeen la vida de personas a las que no conocen y que, en muchas ocasiones, se han visto abocadas a su situación por su propia culpa, por imprevisión o por falta de cualificación (en un país donde quien ha querido ha estudiado y se ha cualificado). En ocasiones hasta empeoran su situación con un embarazo durante el proceso de desahucio y con el padre de la criatura “missing”.

Lo anterior no implica que no se pueda ayudar a estas personas, pero esa ayuda no se puede imponer (y menos exigir) a terceros que, probablemente, decidan dedicar su solidaridad a otras causas: enfermos crónicos, patologías psíquicas, ancianos que viven solos o simples amistades con serios problemas. Y aunque el problema de la vivienda no fuera culpa de quien lo sufre, sino exclusivamente de la crisis, no por ello tienen otros (también azotados por la crisis) que pagar desdichas ajenas. O, mejor dicho, no tienen que pagar las adversidades que otros quieran.

Tal vez tengan amigos o familiares desgraciados a los que asistir, pero no a quienes grupos como la PAH o Stop Desahucios “exijan”. Por lo demás, quien quiera un alquiler "estable" lo tiene muy fácil: cumplir escrupulosamente las condiciones del contrato de arrendamiento y, a buen seguro, el arrendador no querrá perderle como inquilino. Alquiler social Hay poco que oponer a esta pretensión, pues una bolsa de alquiler público para asistir situaciones urgentes constituye una garantía de bienestar social. El problema se presenta cuando el alquiler social pasa de ser algo puntual, para socorro de infortunios sobrevenidos, y se transforma en algo vitalicio al servicio de individuos a los que uno no confiaría ni la compra del pan.

Conviene destacar que en España, al menos hasta ahora, quien ha querido se ha cualificado y, en esta sociedad globalizada y abierta, siempre queda el recurso—nada desdeñable—de buscar trabajo en el extranjero. Por tanto, quienes aspiren a vivir indefinidamente en un alquiler que pagamos entre todos, no pueden ser señalados como paradigma de la solidaridad, sino todo lo opuesto. No añadiré nada respeto al mal llamado "Observatorio de la vivienda" habida cuenta las analogías que pudieran trazarse con la Stasi o la Brigada Político Social del franquismo.

Suministros garantizados

No habría mayor problema en garantizar los suministros (agua, gas, electricidad, etc.) si fueran gratis. Pero nos enfrentamos al persistente e ineludible axioma: si tú no lo pagas, lo tiene que pagar otro. Así, una viuda anciana, desvalida, con una pensión raquítica, inspira conmiseración a cualquier persona normal y no deberíamos negarle algo de luz y calor (literalmente) en esos últimos años de su vida. Bien entendido que carezca de hijos y familiares quienes, por ley, estarían obligados a asistir al pariente desasistido.

El llamado deber de alimentos, que todos olvidan hoy pero que sigue en vigor en nuestro Código Civil (artículos 142 y ss). El problema es cuando el “vulnerable” es alguien robusto, con plena utilidad de sus piernas y brazos. Cabe preguntarse porque, en este caso, no se va al lugar donde le oferten un trabajo, aunque sea otro país, antes que disfrutar de unos suministros pagados por los demás. Igual axioma se plantea en el caso de inmigrantes, muchos con familias numerosas. Está bien que alguien marche a trabajar y mejorar de vida a otro país pero empieza a dejar de estarlo cuando esa mejora no deriva de su propio trabajo, sino del de los demás.

No obstante lo anterior, si examinamos una factura de la luz, pronto comprobaremos que el coste del consumo es ínfimo mientras que gran parte de la misma deriva de impuestos. Esto último, así como todo lo referido, debería inducir la reflexión de muchos aunque, me temo, esos muchos hace tiempo que perdieron la capacidad de reflexionar si es que alguna vez la poseyeron.