Miguel Massanet Bosch. ¿Qué ha ocurrido en España durante los últimos años, qué se ha estado incubando desde que se pasó, de la dictadura del general Franco a la democracia, la democracia parlamentaria refrendada por la Constitución de 1978, adaptada al sistema de monarquía parlamentaria? Es evidente que algo se nos ha estado escapando a los españoles que, sin embargo, no era difícil de prever, sólo prestando un poco de atención a lo que estaba ocurriendo en las aulas de los colegios públicos y, en mayor medida e intensidad, en las de las universidades públicas del Estado.

Es obvio que, el profesorado del que se han ido nutriendo los centros de enseñanza en España, de forma mayoritaria, ha sido aportado por estudiantes procedentes de las clases más humildes, de jóvenes pertenecientes a familias modestas que, con toda seguridad, han tenido que hacer un gran esfuerzo económico para que sus hijos pudieran asistir a las universidades y sacarse una carrera.

Y creemos que eso es así porque, los hijos de familias acomodadas, de las clases altas de la sociedad, de los profesionales liberales más reconocidos, los banqueros o los grandes maestros de las artes, del espectáculo o de las letras y las ciencias, suelen tener garantizados los empleos más apetitosos, los mejor retribuidos, los más brillantes y ambicionados, por el mero hecho de gozar del padrinazgo que les reporta su privilegiada posición dentro de lo que, de forma harto cursi, se suele conocer como la “jet set”. Sin tener estadísticas que lo confirmen, simplemente por la evidencia que nos proporcionan las relaciones de jueces y magistrados o las de maestros nacionales, profesores y catedráticos de universidad, es fácil deducir que las plantillas de funcionarios públicos en este país están, hoy en día, al menos en sus estamentos docentes, mayoritariamente formadas por profesorado cuyas ideas políticas se inclinan hacia doctrinas políticas de izquierdas, en algunos casos de extrema izquierda y, como hemos podido comprobar con todos estos profesores surgidos de la Universidad Complutense de Madrid, que han confluido en el partido Podemos, como sucesores directos de los asamblearios de aquel famoso 15M, especialmente del periodo en que estuvo bajo la dirección del rector José Carrillo, hijo del famoso líder socialista y jefe de las conocidas Juventudes Socialistas, que tanto protagonismo ( mala fama, diríamos) tuvieron en los sucesos de Asturias del octubre de 1934, cuando aquella zona, juntamente con Cataluña, se levantaron contra el gobierno de la II República.

La evidencia de que los puestos clave, tanto de la judicatura como de la enseñanza, han caído en manos de funcionarios proclives a las izquierdas, la hemos tenido durante los últimos años en los que España ha vuelto a sufrir, durante el periodo en que, el PP, ha tenido las riendas del gobierno, el comportamiento evidentemente parcial con que se ha querido desprestigiar la incómoda y, evidentemente complicada labor del Ejecutivo, que tuvo que hacerse cargo de una España a las puertas de la quiebra soberana para, a base de sacrificios, recortes, congelación de salarios y de someterse a las exigencias de Bruselas, ir consiguiendo lo que, aún ahora, en que se comienzan a percibir los frutos de todo aquellos esfuerzos, siguen empeñarse en negar las evidencias de la gran mejora que hemos experimentado.

En momentos de vacas flacas, cuando se ha pasado una grave crisis, con momentos de depresión económica; los esfuerzos que la ciudadanía debe soportar para, con sus impuestos, contribuir al sostenimiento de las numerosas universidades españolas (sólo en Cataluña parece que existen 16) que, de media, le cuestan al Estado unos 9.000 euros al año; deberían ser compensados con un buen aprovechamiento de los universitarios, manifestado en la calidad final de los licenciados salidos de ellas.

Contrariamente a lo deseado, resulta ser que, los alumnos que abandonan las universidades, concluidos sus estudios, en Europa son valorados por debajo de los que salen de las universidades de otros países, de modo que, en los índices que, cada año, se hacen sobre las universidades españolas, la primera que aparece está en el nº 25 y es la de Barcelona que, a nivel mundial, ocupa el nº 116. Nos gustaría saber el número de horas de clase efectivas que se imparten cada año y aquellas en las que, los profesores universitarios, se dedican a adoctrinar a los alumnos y a imbuirles ideas políticas de carácter subversivo. También sería muy ilustrativo conocer la cantidad de clases que se pierden para asistir a mítines, reuniones estudiantiles, algaradas en las calles, huelgas, escraches, y actos de vandalismo que, de todo ello, forman parte estos grupos de universitarios que forman parte de los infiltrados que, a costa de nuestros impuestos, desarrollan como estudiantes su labor de proselitismo, adoctrinamiento y revolucionaria dentro de las aulas universitarias.

No obstante, como hemos tenido ocasión de comprobar estos días pasados, lo peor que está sucediendo, sin que nadie le ponga remedio y, en gran parte, a causa de la falta de obediencia a las autoridades académicas, es la escasa seguridad, la presión ejercidas por estos grupos de activistas sobre el alumnado (que lo único que desea es que le dejen aprender en paz); la violencia sobre aquellos que intentan plantarles cara y la nula disciplina con la que se comportan respecto a la autoridad de aquellos profesores que no forman parte de su entorno revolucionario.

El simple hecho de que se impida que se puedan impartir conferencias en el paraninfo de la universidad, a cargo de personas ajenas a la actividad universitaria, personas de distintas creencias, opiniones políticas, razas o temas de estudio, ya es de por sí la mayor expresión de intolerancia, opresión, sectarismo y avasallamiento que, incomprensiblemente, se sigue tolerando cuando, la mayoría de universidades públicas, están dominadas por estos grupos de revoltosos que se aprovechan de una inmunidad, apoyada en una anacrónica norma que impedía que la policía entrara en el edificio de la universidad si no se tenía el permiso de la autoridad docente; para crear un ambiente de presión e inseguridad que puede, incluso, a llegar a paralizar la normal actividad docente del centro.

Ahora se trata de volver al asamblearismo, oponerse a la democracia representativa para recurrir de nuevo al sistema de consulta directa a los ciudadanos, lo que nos sitúa a aquellas primeras actividades sindicales de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando en las industrias se reunían los trabajadores para formular sus quejas a los patronos a través de aquellos primeros líderes sindicales. Un sistema que, en la actualidad, no tiene la menor posibilidad de prosperar dado que, el gran incremento de la población, la distribución en áreas de gran extensión de la ciudadanía y la lentitud que comportaría el que, cada decisión que se quisiera adoptar, tuviera que ser refrendada por todos los miembros de cada localidad del país, antes de que se pudiera poner en práctica.

Se trata de una artimaña más de estos neocomunistas llegados de fuera, en este caso formando piña con algunos nacionalismos, como es el caso del catalán, que esperan que, con el apoyo de Podemos, van a conseguir destruir la unidad de España, lo que les favorecería en su pretensión de convertirse en una nación independiente. Los políticos tienen una labor ardua si tienen que acometer la labor de despolitizar la Justicia y de poner orden en la enseñanza. La muestra la tienen cuando, cada vez que se ha intentado consensuar un plan de estudios nacional, ha sido imposible consensuar las distintas voluntades hasta que, cada grupo político, intenta implantar su proyecto que, inmediatamente que pierden el poder, es derrocado por el partido entrante.

Lo mismo sucede con el sistema judicial necesitado, desde hace tiempo, de un remozamiento que impidiera que la política se infiltre entre los funcionarios encargados de administrar la Justicia; mejorar el procedimiento para agilizar la maquinaria judicial de modo que se eviten estos juicios inacabables que se extienden a través de lustros, de modo que, cuando llega el fallo, tanto si la sentencia es favorable al encausado como si le es contraria, ha sufrido una condena accesoria debida a la incertidumbre y agonía. motivada por la incertidumbre sobre el resultado del proceso.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con preocupación cómo, cada día que pasa, hay una clara tendencia por parte de las izquierdas de apartarse de la legalidad para intentar imponer u sistema asambleario, una ley de las masas, obviando el sistema de apoderamiento a través de los resultados de las urnas, el único que garantiza la imparcialidad y, a la vez, reafirma la voluntad mayoritaria del pueblo, para sustituirlo por el de las concentraciones en los lugares públicos, muy aparentes y puede que numerosas,22 pero que nunca pueden superar al procedimiento reglamentado de las votaciones en las elecciones o, en su caso, los referéndum nacionales.

Todo otro intento no será más que buscar un medio de darles ventaja a las minorías, algo que hace tiempo que están intentando hacer los separatistas catalanes, hasta ahora sin el menor éxito. Esperemos que la ciudadanía no se deje engañar y evite caer en esta nueva trampa de los que buscan acabar con nuestro sistema democrático.