Manuel Parra Celaya.  El neologismo “resignificar” que ha empleado el Gobierno para sus trapacerías sobre el Valle de los Caídos -y que parece que han aceptado y asumido algunas jerarquías de la Iglesia Católica- debe entenderse como “nueva significación” o “cambio de significado”.
    Es decir, que según estos planes el Valle ya no sería un monumento dedicado a honrar a todos aquellos -y recalco el todos- que ofrecieron su vida por una España mejor, sino una especie de museo de los horrores para olvidarlos y denigrarlos; en el paquete están incluidos los Mártires por la Fe reconocidos por esa misma Iglesia cuyas jerarquías (algunas, todo hay que decirlo) se ponen de perfil ante la profanación de sepulturas o firman sin mucha conciencia, y quizás por intereses, lo que se les pone delante.
    “Resignificación” suena muy parecido a “resignación”, que es la postura que, por desgracia en este caso, vienen manteniendo bastantes católicos y, en general, muchos españoles que ya han transigido, velis nolis, con multitud de desaguisados cometidos bajo la pesadilla absurda de las leyes de memoria de Zapatero y de Sánchez,
    Pues bien, un servidor no tiene el menor empaque en asumir el neologismo mencionado para su vocabulario personal y propone que se aplique al actual Estado español y a sus fundamentos legales, esto es, a la Constitución; mis sugerencias son prueba inequívoca de que no me encuentro entre esos católicos silentes ni entre los ciudadanos resignados.
    La “nueva significación” del Estado que propongo empieza por afirmar su carácter de instrumento y no de Leviatán todopoderoso, cercenador de libertades. Y este carácter instrumental es bifronte: de cara adentro, el Estado debe preocuparse y ocuparse de toda una serie de aspectos que garanticen una vida digna para todos los españoles, minucias tales como el trabajo digno y suficientemente remunerado, viviendas sociales (y no solo de boquilla), acceso a la cultura y a la educación…, es decir, todo lo que conduce a la búsqueda de una profunda justicia social, que justamente es el ámbito que ha abandonado a su suerte la izquierda, trocando estas necesidades reales por la implantación dictatorial de las Ideologías Woke.
    Y, de cara afuera, ese Estado resignificado debe estar al servicio de ese gran proyecto histórico de vida en común llamado España, haciéndolo sugestivo hasta para quienes se obcecan en no ser españoles; esto supone, por ejemplo, dejar de ser sumisos a ciertos poderes internacionales, más o menos en la sombra, prescindir de cosas como la Agenda 2030 y, en definitiva, afirmar España en el mundo y contribuir a la verdadera unidad de Europa, que no es la de Bruselas por cierto, sino la que se sustenta en una herencia cultural y religiosa común; en el paquete estaría, claro, garantizar las fronteras y llamar la atención a la OTAN sobre la españolidad y europeidad de Ceuta y Melilla.
    Pero he dicho que tal “resignificación” alcanza de lleno a la Ley de Leyes vigente. Y ahí van una serie de propuestas en este sentido: la primera de ellas es la de llevar a cabo una profunda revisión del Título VIII, con anulación ipso facto del estúpido artículo 150, e inclusión del concepto de autonomía a municipios y comarcas.
    Otra es la de garantizar una participación real y efectiva del pueblo en las tareas del Estado, para lo cual debe acabarse el monopolio que actualmente sustentan los partidos político; estos y los sindicatos deben dejar de ser sostenidos con fondos públicos -que para algo están las cuotas de los afiliados- y, con este ahorro, hacer frente a las políticas sociales aludidas. Es evidente que esta parte de la resignificación alcanzaría e plano a otros aspectos, como a la Ley Electoral, por ejemplo, y a una real y efectiva independencia del Poder Judicial.
    Siguiendo el texto constitucional, hay una serie de puntos dignos también de resignificación para darles cumplimiento y que dejen de ser declaraciones formales e inanes; señalo, a título de muestra, aquel artículo 35 que señala “el deber de trabajar y el derecho al trabajo”; el 39, que menciona la “protección a la familia” o el 40 que dice textualmente (¡que risa!) que “los poderes públicos (…) realizarán una política orientada hacia el pleno empleo”; tampoco cabe soslayar el artículo 149 (2), que trata de la “participación en la empresa” y en el fomento “de las sociedades cooperativas”, sobre todo teniendo en cuenta que añade, para más inri, que “se establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
    No quiero cansar más a los lectores, pero que conste que muchos otros artículos del texto constitucional precisarían de una “resignificación” a fondo, en unos casos para que adquirieran eficacia y otros para darles nuevo enfoque. Y, como fondo de todo, es preciso “resignificar” el sentido de la libertad profunda que tiene por definición todo ser humano.
    Prometo solemnemente que, en próximas convocatorias a las urnas, daría mi voto, de acción, de mente y corazón a aquella candidatura que se comprometiera a “resignificar” España.