Paula Gordon Gimeno. Rajoy defiende este derecho, por supuesto, pero de todos los españoles. El Presidente se vale de este argumento y se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional para responder a los independentistas catalanes. Dando la vuelta al argumento de los separatistas.

El Tribunal Constitucional avala el concepto «derecho a decidir», principal argumento de los independentistas catalanes, pero siempre que vaya acorde con la ley. Y tanto la ley como en la propia Constitución se establece que un segmento de la población no puede decidir sobre el futuro de todos los españoles. “La soberanía nacional reside en el pueblo español” tal y como se expresa en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución.

El presidente Rajoy, en sus primeras declaraciones tras la sentencia del TC subrayaba que “Se pretende privar al conjunto de los españoles de un derecho tan fundamental como el derecho a decidir lo que quieren para su propio país”.

El PP y el PSOE, que representan más del 84% de los diputados, rechazarán la propuesta del Parlamento catalán para que el Congreso delegue su competencia exclusiva y permita a la Generalitat convocar el referéndum sobre la independencia de Cataluña.

“Las decisiones que afectan al conjunto de España, como las que afectan al conjunto de Francia, Italia o Alemania, las toman el conjunto de sus ciudadanos”, explicaba el Presidente.

Este martes, ésta será la idea principal que defenderá el Gobierno en el Congreso para rechazar la Proposición de Ley del Parlamento catalán que pide la competencia para que Arturo Mas pueda convocar el referéndum. “El Ejecutivo rebatirá los argumentos de los tres diputados catalanes -Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV)- recordando lo absurdo de la consulta.” Ya que el presidente de la "Generalitat" no acudirá al Congreso para defender su proyecto independentista.

La Constitución únicamente permite consultar lo que se va a decidir y Cataluña no puede decidir jurídicamente su separación de España, por lo tanto, el Estado no puede delegar en el Parlamento catalán la facultad para consultar algo que en realidad no puede consultar.