“El mal tiempo, la baja popularidad del presidente Santos, el exceso de confianza en que el ‘sí’ ganaría, son todos ellos argumentos que tienden a banalizar el resultados del plebiscito en el que la mayoría de los colombianos han rechazado no la paz sino los términos en que ésta se había planteado en el acuerdo entre el Gobierno y las FARC. El rechazo al acuerdo ha ganado porque ha ganado el debate.

El acuerdo con las FARC sostenía que la paz había de hacerse a costa de la justicia. Lo que ha prevalecido, impulsado por el liderazgo desplegado por los expresidentes Uribe y Pastrana, es que la justicia es la condición de la paz. El éxito de los que han dicho ‘no’ a este acuerdo es más llamativo si se tiene en cuenta el apabullante despliegue de medios públicos para anegar la voz de los que han sido tachados con los peores calificativos. No menos espectacular ha resultado el apoyo acrítico al acuerdo de la comunidad internacional, empezando por el papel decisivo de Estados Unidos cuya administración se ha esforzado por hacer de la paz en Colombia uno de los activos más publicitados del legado de Obama.

La rebaja del umbral para la aprobación del acuerdo del 50% del censo electoral –como preveía la legislación general sobre referéndum– a un mínimo del 13% y la propia formulación del plebiscito como una decisión entre la paz o la guerra, hacen de la victoria del ‘no’ un episodio político de una extraordinaria relevancia. En esos votos de rechazo se contiene una memoria colectiva del horror causado por las FARC que no puede ser condonado en nombre de una paz que la propia trayectoria de la guerrilla terrorista ensombrece para el futuro. Cuando el derecho internacional y los propios derechos nacionales alineados con éste han creado nuevos instrumentos para cerrar los espacios de impunidad –desde la Corte Penal Internacional hasta la ampliación de las jurisdicciones nacionales a delitos cometidos fuera de su territorio– apelar a la ‘justicia transicional’ y ampararse en los principios jurídicos del orden internacional para legitimar la impunidad es abiertamente contradictorio.

Las FARC no es sólo un grupo terrorista como así figura todavía en las listas de Estados Unidos y la Unión Europea. Es una enorme organización criminal que ha hecho del narcotráfico, el control de los cultivos y de los laboratorios de droga, del secuestro y de la extorsión algo más que un instrumento de financiación de sus pretendidos objetivos políticos. Hace sólo un año la agencia antidroga de los Estados Unidos (DEA) alertaba en un informe, que se hizo público, de la alianza de las FARC con los nuevos cárteles de la droga mexicanos. En este periodo de negociación se ha producido un enorme incremento de la superficie dedicada a ‘cultivos ilícitos’ como consecuencia de la suspensión de los programas de destrucción de éstos exigida por las FARC.

La capacidad de las FARC para continuar con el negocio del narcotráfico en las zonas de concentración previstas en el acuerdo ha sido una de las mayores sombras sin despejar que el acuerdo proyectaba. La victoria del “no” lejos de ser una opción por la guerra, abre la oportunidad de una paz y de una concordia civil basada en la ley y la garantía de un Estado democrático. Va a permitir que el deseo de paz no se convierta en un agujero negro de impunidad y olvido. Crea las condiciones para que este objetivo no sea sólo un anhelo compartido sino un proyecto de convivencia que una en vez de dividir a los colombianos. En el referéndum se han manifestado dos Colombias necesarias que ahora deben y pueden unir esfuerzos para reorientar el acuerdo –como pedía el expresidente Uribe– con un sentido nacional y democrático, sin hipotecas inasumibles para el Estado de Derecho, dentro y no al margen de sus instituciones, sin fracturas en la convivencia”.