Ocho juristas debaten en ¿Existe el derecho a decidir? sobre cómo y porqué se puede convocar una consulta

 Joan Ridao, Joan J. Queralt, Esther Giménez-Salinas, Alfonso González Bondia, Antoni Font, Joaquim Tornos, Xavier Pons y Eduard Sagarra son los autores, con prólogo de Antonio Garrigues Walker

  El derecho a decidir, en términos jurídicos, no existe. No está contemplado ni en el ordenamiento jurídico español ni en el Derecho Internacional. Se trata en realidad de un principio político legítimo, basado en el principio democrático, el estado de Derecho y la protección de los derechos de las minorías (ONU, UE).

Lo dicho no es la conclusión final del contenido del libro ¿Existe el derecho a decidir? (Tibidabo Ediciones) sino el punto de partida para que ocho autores, juristas de gran prestigio, establezcan con claridad, concisión y rigor cómo y porqué se puede celebrar una consulta -o referéndum consultivo- para que un pueblo de un territorio nacional defina su futuro político.

 Mediante el análisis de las jurisprudencias española, europea e internacional (UE, Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec, ONU...), los juristas Joan Ridao, Joan J. Queralt, Esther Giménez-Salinas, Alfonso González Bondia, Antoni Font, Joaquim Tornos Mas, Xavier Pons Ràfols y Eduard Sagarra Trias, de especialidades diversas (Derecho Constitucional, Internacional Público, Internacional Privado, Administrativo, Penal, etc.), objetivan un escenario que dista mucho de los mitos y admoniciones que maneja el poder político español. El prólogo es de Antonio Garrigues Walker.

 Para los autores, difícilmente un referéndum consultivo celebrado en Cataluña cuestionaría la soberanía del pueblo español, así como el Derecho Internacional no prohíbe que los ciudadanos o una entidad dentro de un Estado pretendan la secesión por medios pacíficos. Un requisito comúnmente aceptado para llevarlo a término, coinciden los autores, es el acuerdo interno entre las partes (casos Quebec y Escocia), de ahí la necesidad de negociar de igual a igual.

 Aún sería más difícil que los ciudadanos de una Cataluña independiente perdieran el estatus de ciudadanos de la Unión Europea. Seguirían siendo ciudadanos españoles -y por lo tanto de la UE- aquellos que fueran "españoles de origen" que no renunciaran a la nacionalidad española