Manuel Parra Celaya. Si  preguntamos a los separatistas (catalanes o de cualquier otro lugar de España donde esté propagado el virus de la disgregación) por sus razones, esgrimirán, a buen seguro, una batería de agravios de tres naturalezas: sentimentales, históricas y económicas. Entre las primeras, están los hechos diferenciales, propios de todos los pueblos, comarcas y regiones más o menos extensas de la Tierra; descartada la raza como factor determinante (especialmente a raíz de la 2ªGM), queda la lengua como sucedáneo de la anterior y como totem indiscutible. Las segundas suelen derivar en la pura mitología, pues ningún secesionismo hispano soporta un mínimo de rigor en análisis histórico. Las terceras suelen navegar entre dos aguas: las de los expertos en números, porcentajes y estradísticas y las de los demagogos, que retuercen unos y otras a su antojo.
    Frente a estos argumentos, ¿cuáles plantean los llamados unitarios, teóricos defensores de la integridad española? Fundamentalmente, los de naturaleza legal y jurídica, y, más concretamente, el supuesto valladar inexpugnable de la Constitución del 78. Si en un artículo anterior, yo identificaba –en positivo- el constitucionalismo con el republicanismo ( y no en el sentido de forma de gobierno, como recordarán los lectores), en el tema que nos ocupa no me cabe otra opción que identificarlo –en negativo- con aquel planteamiento,  ideado por Dolf Stenberger y propagado y popularizado por Jürgen Habernas, del patriotiotismo constitucional, y que entró en España por conducto, al alimón, de la izquierda y de la derecha aznarista, empeñadas ambas en negar sobre todo que el origen de la monarquía de Juan Carlos I y del proceso de la Transición se hallaba inequívocamente en el Franquismo.
    De este modo, en lugar de fundamentar la Constitución en el apriorismo esencialista de España, esta se debe sostener casi en exclusiva en un texto constitucional concreto, con omisión, no solo del resto de constituciones pactadas, elaboradas u otorgadas, sino de toda una larguísima historia previa a las mismas; porque es sabido que el enunciado de la palabra España, como concepto representativo de una tarea histórica, precedió con mucho a los nuevos significados políticos nacidos a partir de la Revolución Francesa, entre ellos las voces nación y patria.
    Puestas así las cosas por los argumentos de los teóricos defensores de la unidad española, se me ocurren algunas preguntas al viento: ¿qué ocurriría si el conjunto del pueblo español de una determinada generación –por ejemplo, la presente- aceptara de buen grado, en virtud de la soberanía que le otorga la Constituciónm, la separación  de una parte de su territorio? ¿Qué podría acontecer si la tendencia hacia una segunda transición, tan presente en buena parte de la izquierda, tradicional o emergente, propone una nueva Ley de Leyes en que se consagre un federalismo asimétrico (vulgo, confederalismo) o la libre opción de unba Comunidad Autónoma a segregarse del todo?
    Y no se me diga que son supuestos inimaginables, puesto que la ineducación política ya ha conseguido con creces la desafección del patriotismo español en buena parte de la población y no es raro suponer que, en una nueva vuelta de tuerca de los ingenieros sociales, se lograra convencer de la legitimidad de la independencia de territorios.
    Fijémonos en esta palabra: independentismo; la emplean conscientemente tanto los separatistas como los unitarios, hasta el punto de que se ha convertido en la expresión políticamente correcta frente a las que indican con más propiedad las tendencias: separatismo, secesionismo, segregacionismo. Estamos también ante un logro de la ingeniería social, que ha dado sus frutos, como se puede comprobar oyendo, por ejemplo, a los señores Rajoy, Sánchez, Iglesias, Mas o Junqueras.
    Bien están los argumentos legales para frenar –de momento- las operaciones separatistas; bien están las argumentaciones de carácter económico de los expertos; bien están las lecciones de historia común (aunque resulten inútiles por el fanatismo de los separatistas). Pero falta el punto esencial: afirmar,por encima de todo, la existencia y la unidad de España como valores preexistentes a cualquier Constitución, ley, política de inversión, pacto económico o ideología; es decir, poner como punto de partida y fundamento la irrevocabilidad de España.